Es decir, el todavía titular del Ministerio Público habría descartado terminales con una frecuencia «media de una vez al año». La última ocasión, motivada por una renovación del contrato de la empresa de telefonía proveedora de los servicios pero, el resto de las ocasiones «a demanda». «Nunca ha habido una excepción con el fiscal general» en este sentido, ha manifestado Rasillo en Sala.
Además, la fiscal ha contestado al interrogatorio formulado por la defensa del fiscal general, encargado a la ex abogada del Estado Carmen Castro que en la Fiscalía ni existe un protocolo de borrado de terminales porque «cada persona es responsable individual del manejo del móvil asignado»; ni hay normativa común de aplicación en relación al tipo de dispositivos móviles o telefónicos que deben usarse por parte de los miembros de la Carrera.
Esta posición contradice las informaciones que se han ido proporcionando desde el entorno de García Ortiz que justificó la ausencia de mensajes -«cero» fue el total de las comunicaciones localizadas en los móviles del fiscal general incautados y clonados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, durante la entrada y registro de su despacho oficial- en sus dispositivos como resultado del cumplimiento de las instrucciones internas de la Fiscalía que aconsejan hacerlo, por razones de seguridad y confidencialidad. En su declaración de este lunes, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez apuntaba algunas de esas indicaciones o recomendaciones que, si bien, no obligan expresamente a esa destrucción de información, aseguró que tampoco la «prohíben».
