El objetivo es conocer al detalle el contenido de las reuniones que se fraguaron en la sede del Ministerio Público, situado en la calle Fortuny, en las que participaron la exmilitante socialista, Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo. Ambos imputados en la causa por “desestabilizar” causas judiciales que ponen contra las cuerdas al Gobierno.
La Fiscalía General del Estado reconoció ante el juez Santiago Pedraz que la mano derecha del exfiscal general del Estado, Villafañe, y la fiscal López Pesquera —cuya declaración también ha sido solicitada— mantuvieron al menos dos reuniones con las denominadas ‘cloacas del PSOE’ entre marzo y abril de 2025 para abordar procedimientos judiciales en los que interviene la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la exmilitante socialista no aparece en el registro de entrada a la sede del Ministerio Público.
En la primera reunión, según informó la Fiscalía General, Teijelo hizo referencia a la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que, a su juicio, podrían revestir relevancia penal. El segundo encuentro se celebró pocos días después. En ella, el citado letrado manifestó su intención de presentar ante la Fiscalía varias denuncias relacionadas con aquellos mismos hechos. Según el Ministerio Público, en ambos encuentros estuvo presente Leire Díez.
Pero a la acusación estas explicaciones ofrecidas por la institución le parecen insuficientes, por lo que sostienen que la declaración del exfiscal general resulta clave para esclarecer si tuvo conocimiento, de forma directa o indirecta, de las reuniones mantenidas, cuándo recibió esa información y por qué cauce le fue trasladada.
También pretende determinar qué instrucciones o directrices pudo impartir, como máximo responsable del Ministerio Fiscal, sobre el tratamiento de la información, los escritos y la denuncia; por qué no se impulsó ninguna actuación procesal pese a la posible relevancia penal advertida por los fiscales que intervinieron; y por qué esos contactos no quedaron registrados oficialmente en la institución.
Según el escrito de solicitud de diligencias, la información facilitada por fiscalía se limita a una descripción genérica de dichas reuniones, sin detallar con precisión el contenido concreto de las manifestaciones realizadas, la eventual aportación de documentación o datos verificables, el grado de credibilidad asignado en ese momento a lo expuesto, ni las razones por las que no se promovió actuación ulterior alguna”.
Motivo por el cual ven importante también la declaración de Villafañe, fiscal que, en su día, estuvo imputado en la causa contra García Ortiz por revelación de secretos. Entienden que su comparecencia en sede judicial es “imprescindible para aclarar el contenido material de la información trasladada, su eventual relevancia penal y la secuencia de decisiones adoptadas, así como para despejar cualquier duda sobre el alcance efectivo de tales contactos”.
También piden que comparezca el jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía porque el propio oficio reconoce expresamente que no existe un registro oficial de visitas que permita verificar las entradas y salidas al edificio. “Esta circunstancia introduce una evidente laguna probatoria en relación con la efectiva celebración de las reuniones referidas, las fechas y horarios exactos, y la identificación completa de las personas asistentes”.
