El abogado Mina ha presentado una denuncia penal contra varias personas, entre ellas Rodríguez Zapatero, el expresidente boliviano Luis Arce y antiguos cargos de su Gobierno, por lo que calificó como “el mayor complot político-judicial de los últimos años”, según han informado los medios bolivianos Correo del Sur, de Sucre, y Los Tiempos.
La denuncia, presentada ante la Fiscalía General del Estado, incluye a diez personas relacionadas con el supuesto intento de influir en decisiones administrativas y judiciales vinculadas al litigio entre Soboce y Fancesa. Entre los denunciados figuran José Luis Rodríguez Zapatero; Luis Arce; el exministro de Justicia César Siles; el exprocurador general del Estado Ricardo Condori Tola; la exviceministra María del Carmen Almendras; María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente español; Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Gloria Perú; representantes de la empresa Focus Social Research, con sede en Lima; y otros implicados, entre ellos vocales constitucionales de La Paz.
Mina sostiene que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de siete delitos recogidos en el Código Penal boliviano, entre los que se destacan tráfico de influencias, uso indebido de influencias, cohecho activo internacional, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, prevaricación y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.
De acuerdo con la versión trasladada por el abogado a los medios bolivianos, la denuncia se basa en información procedente de la investigación desarrollada en España sobre los supuestos vínculos entre Rodríguez Zapatero y empresas privadas interesadas en el desenlace del conflicto judicial en Bolivia.
“Rodríguez Zapatero fue contratado para hacer ‘lobby’ y generar reuniones con las autoridades del Gobierno de Luis Arce Catacora, con el efecto de que estas autoridades puedan señalar la baja de un auto supremo que determinara el pago de 744 millones de bolivianos en favor de Fancesa”, aseguró Mina, según recoge Correo del Sur. El abogado también señaló como una de las pruebas de la denuncia las conversaciones filtradas de WhatsApp entre Zapatero y su secretaria durante las investigaciones realizadas en España. La Fiscalía boliviana deberá ahora evaluar la admisión de la denuncia y, según Mina, podría solicitar cooperación judicial a España para acceder a documentación y evidencias.
El origen del conflicto se remonta a la disputa empresarial entre Fancesa y la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), perteneciente al Grupo Gloria de Perú. La controversia surgió después de que Soboce utilizara sus acciones en Fancesa como garantía para obtener financiación destinada a la ampliación de su planta de Viacha.
Fancesa consideró que esa operación suponía un perjuicio para sus intereses al emplearse activos de una empresa competidora para financiar la expansión de Soboce. Tras años de litigios, la justicia boliviana terminó dando la razón a Fancesa y, en febrero de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emitió un auto que ratificaba la obligación de Soboce de pagar una indemnización de aproximadamente 107 millones de dólares. Sin embargo, el cobro quedó paralizado después de que una acción de amparo constitucional presentada por Soboce dejara temporalmente en suspenso la ejecución de esa resolución, una decisión que ahora está pendiente del pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Tras conocerse las informaciones sobre la presunta intervención de Zapatero, Fancesa anunció que estudiaba nuevas acciones legales. Paul Tolavi, abogado externo de la compañía, explicó a Correo del Sur que la empresa preparaba “una reacción planificada” junto a sus copropietarias: la Alcaldía de Sucre, la Gobernación de Chuquisaca y la Universidad San Francisco Xavier.
“Queremos que la respuesta de Fancesa sea seria y se dirá este jueves en una conferencia de prensa. Nos han sorprendido a todos con esto. La reacción de la empresa, que es la víctima, tiene que ser meditada y no una reacción hormonal y oportunista de alguno de los copropietarios”, afirmó Tolavi.
Según la información recogida por la UDEF, a la que ha tenido acceso El Independiente, la investigación habría apuntado a que Rodríguez Zapatero fue contratado por intereses vinculados al Grupo Gloria para realizar labores de intermediación ante responsables del Gobierno de Luis Arce. La denuncia sostiene que el expresidente español habría participado en gestiones para buscar una salida política al conflicto judicial y evitar el pago de la indemnización millonaria reclamada por Fancesa. Entre las alternativas que habrían sido planteadas figuraría una posible asociación o fusión entre Soboce y Fancesa, condicionada a la retirada de las demandas judiciales.
Los movimientos atribuidos al entorno de Zapatero se habrían intensificado tras la resolución del Tribunal Supremo boliviano de febrero de 2025. Según la UDEF, el expresidente español habría coordinado reuniones entre representantes del Grupo Gloria y autoridades del Ejecutivo boliviano.
La denuncia presentada por Mina pide la apertura de una investigación penal, la creación de una comisión de fiscales especializados en delitos de corrupción pública y la adopción de medidas para evitar que los denunciados puedan eludir la acción de la justicia. La Fiscalía General del Estado boliviano deberá ahora decidir si admite la denuncia y abre una investigación formal sobre los hechos denunciados.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cobró un total de 200.000 euros a través de tres transferencias bancarias recibidas entre los años 2024 y 2025 en su cuenta personal. Para canalizar y justificar estos fondos, se utilizó un contrato de prestación de servicios de asesoría anual y prorrogable, firmado el 10 de mayo de 2024, utilizando como pantalla a la sociedad peruana Focus Social Research SAC. Sin embargo, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional concluye que esta firma de marketing operó como una mera sociedad interpuesta, ya que no consta ningún servicio real prestado a la misma y el contrato fue calificado por los investigadores como un instrumento simulado para encubrir los pagos.
El verdadero motivo de este desembolso económico fue remunerar la mediación y el ejercicio de influencias de Zapatero en beneficio del Grupo Gloria, el conglomerado empresarial peruano que buscaba resolver de manera favorable varios litigios millonarios en Bolivia que afectaban a su filial, la Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE). Para auxiliar a su cliente real, el expresidente español activó sus contactos al más alto nivel político en el país andino, manteniendo reuniones y comunicaciones directas con el presidente de Bolivia, Luis Arce, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el ministro de Justicia, César Siles, y el Procurador General del Estado, Ricardo Condori, logrando finalmente que la justicia boliviana declarara procedente un amparo constitucional que dejó sin efecto temporalmente el millonario pago.
Aunque se desconoce cuál es el vínculo entre el Grupo Gloria y Zapatero, la realidad es que el expresidente español forma parte de uno de los movimientos políticos de carácter socialista más importantes en el que también está integrado el socialismo boliviano, por lo que esa vía podría haber sido una de las más fructíferas para el desarrollo de sus relaciones. El Movimiento al Socialismo boliviano (MAS) es la fuerza política que ha dominado la vida pública del país durante las últimas dos décadas. En este sentido, las presuntas acusaciones relacionadas con casos de corrupción no es algo inédito en Bolivia, al igual que tampoco lo es la relación entre el expresidente socialista español y los antiguos dirigentes del partido boliviano. El nexo entre Zapatero y ambos exmandatarios socialistas —Morales y Arce— se remonta a la legislatura del expresidente en España. Entonces, Zapatero ya colaboraba con el gobierno boliviano e incluso reconocía el proceso de cambio impulsado por Evo Morales, destacando la cooperación entre ambos países y el papel de la ayuda española en programas de desarrollo en Bolivia.
En esa etapa, la relación con Rodríguez Zapatero se enmarcaba en una agenda de cooperación estrecha, con acuerdos en materia de ayuda al desarrollo y acercamiento político entre Madrid y La Paz. Tras la salida de Morales en 2019, Zapatero se implicó en la defensa internacional de la narrativa del “proceso de cambio” y participó en actos de apoyo al movimiento, manteniendo esa relación política dentro del mismo espacio ideológico.
En 2020, con la llegada de Arce al gobierno, los contactos con el entorno del MAS se mantuvieron. En ese periodo, Zapatero realizó visitas a Bolivia y mantuvo encuentros con actores clave de MAS, lo que reforzó su papel como interlocutor habitual del entorno político boliviano. Además, en el periodo posterior a 2019 ha sido relacionado como, presuntamente, una figura mediadora en conflictos políticos del país, siendo aceptado por sectores del MAS como alguien cercano y de confianza.
