La decisión, que todavía no está cerrada, supondría un importante giro respecto al silencio que el Ejecutivo había mantenido hasta ahora. Durante las últimas horas, ningún miembro del Gobierno había querido aclarar cuál sería la posición del Estado tras el ofrecimiento realizado por el magistrado. El vicepresidente primero había remitido la cuestión al Ministerio de Hacienda, mientras que fuentes oficiales del Ejecutivo insistían en que la decisión correspondía a los servicios técnicos. Ahora, sin embargo, confirman que el departamento estudia la posibilidad de iniciar ese procedimiento.
La eventual personación tiene un enorme alcance político. Aunque la Abogacía del Estado actúa conforme a criterios jurídicos, depende orgánicamente del Ministerio de Justicia. Si finalmente comparece en el procedimiento, será el propio Estado quien pase a sostener que puede haber resultado perjudicado por unos hechos que afectan a uno de los principales referentes del socialismo español y a uno de los dirigentes que Pedro Sánchez ha defendido con mayor contundencia.
El movimiento situaría al Gobierno en una posición especialmente incómoda. Sánchez ha reivindicado públicamente la honorabilidad del expresidente, ha puesto en valor su legado político y ha enmarcado la investigación en la ofensiva que, a su juicio, determinados sectores judiciales, políticos y mediáticos mantienen contra el Ejecutivo. La decisión de Hacienda obligaría ahora a trasladar ese respaldo político al terreno institucional o, por el contrario, asumir que la defensa del expresidente no impide al Estado ejercer las acciones que considere oportunas para proteger los intereses de la Hacienda Pública.
En Moncloa son conscientes de la trascendencia de ese paso. La personación no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de Zapatero, pero sí supone reconocer que existen intereses públicos susceptibles de protección dentro del procedimiento. Precisamente por eso, la decisión será leída inevitablemente en clave política y marcará un nuevo capítulo en la estrategia del Gobierno para gestionar una investigación que afecta a uno de los hombres de mayor confianza del presidente.
Hasta ahora, el Ejecutivo había ganado tiempo evitando fijar una posición pública. Sin embargo, el ofrecimiento realizado por el juez Calama obligaba al Estado a definirse. La confirmación de que Hacienda estudia ya iniciar los trámites evidencia que el Gobierno ha entrado en una nueva fase: la de transformar un respaldo político sin fisuras en una decisión institucional con consecuencias jurídicas y políticas de primer orden.
