En una democracia madura, reformas de esta envergadura exigen diálogo, negociación y, al menos, un intento real de integración de la oposición. Sin embargo, el Gobierno ha optado por la vía contraria: imponer su agenda en solitario, ignorando las advertencias jurídicas, las dudas europeas y las peticiones explícitas de los principales grupos parlamentarios, algunos de los cuales han llegado a reclamar un cambio de rumbo o incluso la salida del Ejecutivo.
El problema no es únicamente el contenido de las medidas, sino la forma. Regularizar de golpe a cientos de miles de personas sin coordinación con la Unión Europea ni un plan sólido para absorber sus efectos en sanidad, educación o vivienda introduce un factor de incertidumbre institucional y económica. A ello se suma el riesgo de judicialización, que ya amenaza con paralizar la iniciativa y elevar el conflicto a instancias europeas.
En paralelo, la ley de los nietos, aunque inspirada en una lógica de reparación histórica, amplía de forma significativa el acceso a la nacionalidad sin un debate profundo sobre sus implicaciones a largo plazo. De nuevo, se legisla con impacto estructural sin consenso político ni previsión clara de consecuencias.
Ambas decisiones reflejan una tendencia preocupante: gobernar al margen del acuerdo en asuntos que requieren precisamente lo contrario. La política migratoria y la definición de la ciudadanía no pueden construirse desde la unilateralidad ni desde la urgencia táctica.
Cuando las medidas afectan a millones de personas y comprometen el encaje europeo, la legitimidad no basta con la mayoría parlamentaria. Hace falta consenso, rigor y visión de Estado. Todo lo demás es, sencillamente, asumir riesgos que el país puede terminar pagando durante años.
