El magistrado, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, imputa a otros 24 cargos públicos al hallar «indicios de criminalidad». Entre ellos se encuentran el expresidente de la empresa pública del uranio (Enusa) Berlanga o Arévalo, ex consejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha, según la providencia . También aparecen directivos de compañías privadas como Acciona, Servinabar, Tubos Reunidos y Forestalia.
Pedraz investiga si Leire Díez; el expresidente de la SEPI Vicente Fernández; y Joseba Antxon Alonso, presunto socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar, formaron una estructura paralela a la empresa pública entre 2021 y 2023 para favorecer contratos y rescates que le habría reportado 750.000 euros gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que mediaron en al menos cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros. Los tres fueron detenidos el pasado diciembre.
El magistrado sostiene que Cerdán y Leire Díez tenían una «relación previa», aludiendo a que ya formarían parte de la presunta trama de presuntas irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían «sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico». A pesar de que el ex secretario de Organización del PSOE no pertenecía al denominado grupo denominado Hirurok («nosotros tres», en vasco), Pedraz cree que sus participaba junto a sus integrantes de sus beneficios desde «un plano de jerarquía superior».
Una de las operaciones bajo sospecha es el rescate de Tubos Reunidos que el Consejo de Ministros aprobó el 20 de julio de 2021. La denominada fontanera del PSOE y sus socios habrían recibido a cambio una contraprestación de 247.459 euros. Los investigadores señalan que el PNV intercedió en la concesión de la ayuda y destacan un mensaje que afirma que Gualda fue convocada en Moncloa el 8 de julio, solo día después de que Antxon Alonso contactara con el partido jeltzale para que intercediera a favor de la empresa alavesa.
Los indicios reunidos por la UCO en su informe de más de 240 páginas se articulan en torno a cinco operativas diferenciadas: contratos con Mercasa, ENUSA, el fondo de rescate FASEE gestionado por la SEPI para Tubos Reunidos, la adjudicación de una obra de demolición en Avilés tramitada por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y una inversión pública en el grupo de energías renovables Forestalia.
En la operativa relacionada con Mercasa, la UCO ha documentado cómo Servinabar obtuvo la adjudicación por 18.119 euros –al límite legal de un contrato menor– tras una serie de contactos directos con la dirección de la empresa pública. Las notas internas de una reunión celebrada el 1 de junio de 2021 en el restaurante Asador Donostiarra, compartidas en el chat grupal, describen gestiones para inflar artificialmente el coste de rehabilitación de la sede de Mercasa en el Paseo de la Habana 180: en apenas tres días, la estimación subió de 2.114.417 a 2.828.571,72 euros, un incremento de más de 700.000 euros «sin causa objetiva que lo justifique», según el atestado.
Respecto a ENUSA, el grupo habría actuado como intermediario entre esta empresa pública y Acciona para facilitar la venta de activos de gestión de residuos en Melilla y Castellón. El catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo Donaire, ahora investigado, habría redactado un dictamen jurídico de 51 páginas cuyo coste fue asumido por la empresa estatal, y que, según la UCO, tenía por objeto dar respaldo legal a los intereses previamente concertados con Acciona.
La ramificación más detallada de la causa afecta al rescate de Tubos Reunidos. La empresa alavesa recibió el 20 de julio de 2021 un crédito participativo de 115 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Según el informe de la UCO, Vicente Fernández habría obtenido de Miguel Ángel Figueroa, Director de Participadas III de la SEPI, documentación interna catalogada como «Confidencial», incluido el orden del día del Consejo Gestor, para trasladarla al presidente de Tubos Reunidos. Un mensaje interceptado del 13 de julio de 2021 señala que la aprobación habría llegado «gracias al esfuerzo de los tres, cada uno en su ámbito».
Como contraprestación, Mediaciones Martínez llegó a percibir 114.959 euros de Tubos Reunidos en virtud de un contrato de asesoramiento firmado el 1 de diciembre de 2021. Las gestiones se prolongaron hasta 2025: la última autorización favorable, firmada por el responsable del expediente en la SEPI Julián Mateos-Aparicio el 28 de marzo de 2025, habría generado un pago adicional de 40.000 euros a Vicente Fernández, precisamente ex presidente de la SEPI.
La operativa de Erri Berri en la demolición de las baterías de coque de Avilés añade un elemento especialmente escabroso: Vicente Fernández habría anticipado el sentido de una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales antes de que fuera dictada, afirmando que la presidenta del tribunal «ha dicho que el próximo jueves 20 habrá resuelto el recurso de Lezama, rechazándolo». La resolución, de 20 de enero de 2022, se produjo exactamente como había anunciado.
El auto del juez Pedraz ordena ahora a todos los imputados que no estén personados en la causa que designen abogado y procurador antes de prestar declaración.
La causa, que tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción presentada el 10 de diciembre de 2025, queda pendiente además de la incorporación de las diligencias del Juzgado número 9 de Madrid. Con 25 imputados, al menos cinco operativas sospechosas y un rastro documental que alcanza la sede del PSOE en la calle Ferraz, el caso apunta a convertirse en uno de los procesos por corrupción de mayor alcance institucional de la última década.
