El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado el recurso presentado por España para impedir la ejecución de los laudos arbitrales derivados de los recortes a las energías renovables aprobados hace más de una década. Esta decisión marca una línea roja que podría obligar al Estado a pactar para no sufrir una cascada de embargos.
La decisión deja firme la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia y despeja el camino para que los inversores continúen reclamando el cobro de las indemnizaciones en territorio estadounidense, que rondan los 700 millones de euros, una cuantía que podría incrementarse tras la decisión del Alto Tribunal al provocar un efecto llamada de más litigantes, según indican fuentes próximas al contencioso.
La resolución supone un nuevo revés judicial para el Estado en uno de los litigios internacionales más costosos de su historia reciente. España sostenía que los tribunales federales carecían de jurisdicción para conocer estos procedimientos y cuestionaba la interpretación realizada sobre la excepción arbitral prevista en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), norma que regula cuándo un Estado extranjero puede ser demandado ante la justicia estadounidense.
El Supremo ha rechazado estudiar el caso, por lo que mantiene el criterio fijado por las instancias inferiores. La decisión llega después de que el propio Gobierno de Estados Unidos, a través del «solicitor general», recomendara al alto tribunal no admitir el recurso español.
Con este fallo concluye uno de los principales frentes abiertos por el Estado para tratar de evitar el pago de las indemnizaciones reconocidas en arbitrajes internacionales al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía. La resolución fortalece la posición de los acreedores, que podrán seguir adelante con los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos en Estados Unidos.
Con esa resolución, España suma ya 29 laudos desfavorables. Según los acreedores, permanecen pendientes de pago 27 de ellos, con una deuda que asciende a 2.316 millones de euros, incluidos intereses, costas y gastos financieros acumulados durante años de litigios.
El frente estadounidense representa solo una parte de esa ofensiva internacional. Las sentencias cuya ejecución se tramita actualmente en Estados Unidos rondan los 700 millones de euros, pero los acreedores han ampliado sus actuaciones a otras jurisdicciones donde consideran que existen bienes del Estado susceptibles de embargo.
España continúa siendo el Estado con mayor volumen de laudos arbitrales internacionales pendientes de pago, incluso por delante de países como Venezuela o Rusia, según sostienen los acreedores. El rechazo del Supremo estadounidense no pone fin al conflicto, pero sí facilita una nueva fase de la batalla judicial: la localización y eventual embargo de activos públicos en distintas partes del mundo hasta lograr el cobro de las indemnizaciones reconocidas por los tribunales arbitrales.
