La ex militante socialista Leire Díez, ha comparecido este lunes ante el juez Zamarriego, imputada por sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias, junto a su compañero, el empresario Pérez Dolset, instando que se anulen las grabaciones en las que se presentó como enviada de las más altas instituciones del Estado, para recopilar datos comprometidos, entre otros, de altos cargos de la judicatura, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Una petición que ha sido rechazada por el magistrado instructor.
Así las cosas, Díez ha tratado de retirar del sumario de la causa, en la que está siendo investigada, los audios correspondientes a sus encuentros con el fiscal Stampa, aportados por éste en sede judicial, y el empresario Hamlyn. Unas reuniones en las que ambos implicados trataron se obtener de sus interlocutores información sensible de algunos mandos de la UCO, del jefe Anticorrupción, Luzón, o de miembros de la judicatura, a cambio de sobornos.
Una línea estratégica compartida, en parte, por el empresario Dolset, cuya defensa ejercida por la abogada Sánchez Sánchez ha remitido otro escrito al juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en el que se ha proclamado víctima de una «investigación prospectiva», para acto seguido forzar la nulidad del audio de la conversación en la que él participó con Hamlyn.
Sin embargo, cabe recordar que como reveló este diario en exclusiva, Leire Díez presumía de tener acceso a la cúpula de la Policía Nacional y aseguraba que si las investigaciones judiciales que salpican al entorno político y familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasaban a depender de dicha institución podían ser controladas, mientras que si seguían en manos de la Guardia Civil no.
Las actas de la reunión que Díez mantuvo con el comandante Rubén Villalba, imputado en la trama el 10 de marzo de 2025, a las que ha tenido acceso este periódico, describen que la exmilitante del PSOE hizo gala de una cercanía privilegiada con mandos policiales, a los que presentaba como un canal alternativo para obtener información que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no facilitaba. Su mensaje, repetido durante el encuentro, era que la Policía permitía «sacar lo que la UCO no cuenta». Una frase que, según el documento, enmarcaba su estrategia de oponer a ambos cuerpos y usar a la Policía para arrinconar a la Guardia Civil en investigaciones sensibles para el Gobierno.
En el encuentro, Díez sostiene que planteó un escenario donde la Policía podía convertirse en instrumento político para neutralizar las investigaciones impulsadas desde la UCO en casos de alto voltaje que afectan al PSOE, al exministro José Luis Ábalos y a cargos próximos a la Moncloa. Según el relato de Villalba, Díez describió un mapa interno de poder donde la Policía estaba alineada con el partido, mientras que la Guardia Civil, en especial la UCO, actuaba con autonomía y era, por tanto, un riesgo. En ese contexto, deslizaba que si la UCO no se controlaba se podía recurrir a la Policía para obtener información, frenar líneas de investigación o presionar a mandos concretos. Una arquitectura de vasos comunicantes diseñada para politizar el flujo de información entre cuerpos de seguridad del Estado.
