La agencia de calificación crediticia se basa en el sólido desempeño económico, la fortaleza de las finanzas públicas y la disminución de las vulnerabilidades externas. No obstante, advierten de que persisten los desafíos crediticios, como la elevada deuda pública, las debilidades estructurales del mercado laboral, presiones presupuestarias y la fragmentación parlamentaria.
Como detallan desde la agencia, la revisión de las perspectivas refleja «un sólido desempeño económico, respaldado por una afluencia sostenida de migrantes y recursos de los fondos NGEU (NextGenerationEU), junto con la disminución de las vulnerabilidades externas».
Si bien se prevé que el crecimiento del PIB de España disminuya del 2,9% en 2025 a alrededor del 1,8% en el período 2026-2030 en promedio, destacan que mantendrá una tasa de expansión de casi el doble que la de la zona euro.
Además, Scope prevé que las vulnerabilidades externas sigan disminuyendo, con los superávits de capital y de cuenta corriente favorables de cara al futuro. «La economía española está moderadamente expuesta al aumento de los aranceles estadounidenses y su balanza por cuenta corriente seguirá beneficiándose de la solidez de las exportaciones de turismo y servicios no relacionados con los viajes», señalan.
La proyección de la agencia de rating apunta a que la ratio deuda pública/PIB mantiene una firme trayectoria descendente a medio plazo, impulsada por un crecimiento nominal sólido, aunque en descenso, unos costes de interés moderados y la vuelta a los superávits primarios.
«Las restricciones del gasto vinculadas a la prórroga de los Presupuestos de 2023, junto con unos ingresos fiscales sólidos y la supresión de medidas relacionadas con la energía adoptadas en el pasado, probablemente conducirán a una transición del saldo primario hacia un superávit el próximo año, por primera vez desde 2007».
Scope estima que el déficit fiscal se mantendrá en torno al 2,3% del PIB en promedio hasta 2030, desde el 3,2% registrado en 2024. Esto contribuirá a que la ratio deuda/PIB mantenga una tendencia descendente hasta situarse por debajo del 93% del PIB en 2030, desde el 101,6% del PIB en 2024, una cifra significativamente inferior a su máximo del 119,3% en 2020.
De cara al futuro, la agencia asegura que supervisará la evolución de la estabilidad política, la continuidad de las políticas y el compromiso del Gobierno con una postura fiscal prudente que respalde la reducción continua de la deuda pública más allá del ciclo político actual. Y también evaluará el impacto de las reformas del sistema de financiación regional y sus implicaciones para los Presupuestos Generales de las administraciones públicas.
En cuanto a los desafíos crediticios, explican que se relacionan con cuatro asuntos. El primero, una carga de deuda pública aún elevada, que limita la flexibilidad fiscal. El segundo, la persistencia de debilidades estructurales del mercado laboral, incluyendo un alto desempleo de larga duración y juvenil. El tercero, presiones presupuestarias crecientes a largo plazo, debidas principalmente al aumento del gasto relacionado con el envejecimiento de la población, provocado por la aceleración de la dinámica de envejecimiento. Y el cuarto, la fragmentación parlamentaria.
