Pues dicho y hecho. Montero, vuelve a la carga y confía en poder presentar el proyecto de Presupuestos de 2026 en el Congreso a principios o mediados del primer trimestre del año que viene, de manera que las cuentas públicas pudieran estar aprobadas a lo largo del mes de abril o mayo. Los objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno y rechazados por la Cámara Baja planteaban reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Por subsectores, se fijaba un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas los años 2026, 2027 y 2028, al tiempo que se marcaba la estabilidad presupuestaria como objetivo para los ayuntamientos en ese periodo.
Para la Administración General del Estado el déficit era del 1,8% en 2026, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028; mientras que la Seguridad Social tenía marcado un déficit del 0,2% en 2026 y 2027 y del 0,1% para 2028. De su lado, se proponía un ‘techo de gasto’ récord de 216.177 millones de euros en 2026.
Por otra parte, el Consejo ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se permitirá a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos poder emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027. «Con este Real Decreto-ley se pretende favorecer la actividad inversora de ambas administraciones, aprovechando que la situación financiera de muchos de estos territorios les ha permitido generar superávit y remanentes de tesorería en estos últimos años», explica el Ejecutivo.
De esta forma, los recursos generados en 2024, tanto en el caso de las Comunidades Autónomas como de las entidades locales, se podrán destinar a las llamadas inversiones sostenibles sin que compute en la regla de gasto de 2025, 2026 y 2027. «Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan en el gasto del ejercicio en que se ejecutan a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria», añade.
Además, para poder beneficiarse de esta regla especial del destino del superávit presupuestario las administraciones territoriales han de cumplir con el período medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad.
Por su parte, las Comunidades Autónomas podrán realizar inversiones con efectos positivos para el cambio climático, contribución a la mejora de la eficiencia energética, o tratarse de una inversión que permita evitar gastos recurrentes o que implique ahorros en ejercicios futuros, todo ello dentro de los ámbitos de competencia que tienen asumidos.
Igualmente el Gobierno ha aprobado un real decreto que incluye la ampliación en un año del plazo para la entrada en vigor del sistema ‘Verifactu’, que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas.
Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto ley que contempla la subida salarial del 2,5% de los funcionarios correspondiente al año 2025. Este mes, funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) recibirán el pago atrasado desde enero, que supone un desembolso de unos 5.000 millones de euros por parte del Ejecutivo y que afecta a 540.000 empleados públicos.
Respecto al abono del aumento salarial en el resto de administraciones públicas, el ministro López ha señalado que será cada territorio el que, de acuerdo con los sindicatos, apruebe cómo se van a realizar los pagos. Además, con el real decreto ley aprobado hoy, el 1 de enero de 2026 se activará directamente el incremento del 1,5% correspondiente a ese año, que supone unos 3.000 millones de euros. Se trata de un aumento que se podrá complementar en el primer trimestre de 2027 con un 0,5% variable si el IPC de 2026 es superior al 1,5%.
