Fuentes jurídicas confirman que las diligencias, que asumió de manera provisional el magistrado Antonio Piña por encontrarse de guardia, han recaído en el juzgado que dirige Santiago Pedraz, tras el correspondiente reparto. Las mismas fuentes precisan, además, que la causa va a seguir siendo secreta. La misma explotó el pasado miércoles con la detención de la fontanera de Ferraz; el que fuera presidente de la SEPI Vicente Fernández y también el empresario vasco Antxon Alonso. Tras 72 horas detenidos en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) pasaron a disposición judicial el sábado. El magistrado Piña, que se encontraba en funciones de guardia, les dejó en libertad provisional a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que únicamente pidió que se les retirara el pasaporte, se les prohibiera salir de España y se les obligara a comparecer quincenalmente en el juzgado.
En el auto de libertad de los investigados, Piña apuntó a la existencia de una presunta trama que habría operado principalmente entre los años 2021 y 2023 y que tendría su epicentro en la SEPI, ente adscrito al Ministerio de Hacienda. En concreto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone el foco en cinco operaciones por valor de 132,9 millones de euros.
A cambio de las mismas, los tres investigados se habrían repartido comisiones que superan los 732.000 euros. El juez sostiene que la mayor parte de los fondos se canalizaron en inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, aunque otras partes se repartieron entre ellos de forma individual aunque de manera desigual en función de la intervención de cada uno de ellos. Su papel consistió en influir en los entes que desarrollaron las operaciones aprovechando «su posición, relaciones y capacidad de influencia».
