Entre ellas destacan Marc Pons (quien fuera jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera) y Juan Ignacio Díaz Bidart (su homólogo en el departamento de Industria que dirigía Reyes Maroto). Ambos están convocados en calidad de testigos para el día 28 de enero.
Ese mismo día será interrogado también como investigado Claudio Rivas, dueño de Villafuel. Ya el día 29 de enero desfilarán Víctor de Aldama (investigado en estas diligencias); Manuel Sallés (empresario investigado en otra macrocausa sobre el fraude de los hidrocarburos y que contrató en una de sus empresas a Koldo García), y el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernánez. Para el día 30 declararán como investigadas Carmen Pano, la empresaria que confesó haber llevado 90.000 euros a Ferraz en pandemia; su hija Leonor Pano y Álvaro García. Este último comparece como testigo y se identifica como la persona que le llevó el coche a la sede del PSOE en una de las entregas.
El magistrado Pedraz les cita tras adherir al procedimiento el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta que los implicados en este fraude al IVA habrían pagado comisiones de un millón de euros a cambio de que la Administración agilizara la concesión de la licencia de operadora en el sector a Villafuel. Además, sostienen que el entonces ministro de Transportes, Ábalos habría ejercido su influencia para conseguir que los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica se implicaran en la operativa.
La Fiscalía Anticorrupción solicita la declaración de todos ellos a tenor de los avances aportados por la Guardia Civil recordando que Rivas -a quien define como «máximo dirigente de la organización criminal- interesó la mediación de Aldama para que este, a su vez, influyera en el entonces ministro de Transportes. El objetivo era que «incidiera en los órganos ministeriales correspondientes» para agilizar la concesión de de la autorización y soslayara el «incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello» a cambio de una «contraprestación económica».
«Del informe presentado se desprenden indicios de haberse efectuado pagos para agilizar la obtención del título de operadora de Villafuel SL. Así, se señala que el investigado Claudio Rivas Ruiz-Capillas, instrumentalizando la sociedad Have got time S.L destinó aproximadamente un millón de euros a comprar la voluntad del cargo público, permeando estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencias a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas», reza la Fiscalía.
La influencia de Rivas se canalizó a través de Koldo García, entonces asesor de Ábalos en Transportes, que contactó directamente con los jefes de gabinete de las entonces ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera. Aldama, por su parte, habría mediador ante el Director General de Política Energética y Minas. Cabe recordar que Aldama habría abonado a Koldo García 10.000 euros mensuales durante los años en los que operó la trama a cambio de que le abrieran las puertas de la Administración.
En lo que respecta a la presunta comisión de un millón de euros para «la compra de voluntades», la misma se desglosaría en las siguientes partidas: 5.000 euros en efectivo que se entregaron a Víctor de Aldama el 27 de diciembre de 2020, esto es, un día antes de la reunión en el Ministerio de Industria; 108.500 euros retirados en efectivo también aquel mes de diciembre por Carmen Pano y que se transfirieron a una cuenta de Claudio Rivas; 585.000 euros para adquirir la casa de La Alcaidesa (Cádiz) de la que hizo uso Ábalos en 2021; 292.416 euros que se pagaron a Aldama a través de la sociedad Have got time S.L y 6.950,50 euros a Koldo García.
Este último abono se habría «instrumentalizado» mediante contrato de trabajo como consultor de seguridad por la mercantil Instalíbero District SL, administrada por Manuel Sallés. Además, la UCO detectó también que a través de la sociedad Have got time -administrada por Pano- se derivaron 925.036 euros a una de las sociedades de Víctor de Aldama
«Las influencias ante distintas instancias ministeriales se materializaron en las reuniones con Díaz Bidart, primero de forma informal el 21 de diciembre de 2020 y, después, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 28 de diciembre de 2020 y el 13 de enero de 2021. Así como en los contactos que Koldo García Izaguirre mantuvo con Marc Isaac Pons Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los días 8 de abril y 8 de julio de 2021», indica Anticorrupción.
