Todos ellos, están imputados por haber podido cobrar cerca de 700.000 euros en mordidas ilegales aprovechando su posición e influencia dentro de la SEPI, y para ello habrían canalizado el entramado a través del grupo ‘Hirurok’, palabra que significa «nosotros tres». En el foco de la investigación hay presuntas ayudas y contratos públicos que habrían fructificado gracias a Leire Díez y sus supuestos socios, aunque por ahora no hay más detalles acerca de la causa. El caso permanece bajo secreto desde que el magistrado Antonio Piña -estando de guardia- ordenara las detenciones y primeros registros. Ahora la causa ha pasado al juzgado de Pedraz por reparto,y este ha acordado prorrogar ese secreto en las actuaciones durante un mes más.
La decisión sobre el bloqueo de las cuentas, según fuentes judiciales, busca impedir una reiteración delictiva por parte de la trama, es decir, que los investigados puedan usar o distribuir el dinero que habrían obtenido de forma ilícita mientras la investigación toma forma. Según la Fiscalía Anticorrupción la trama habría operado desde 2021 hasta 2023, año en el que estalló el ‘Caso Koldo’.
Los tres están imputados por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. A pesar de ello, el magistrado ordenó su puesta en libertad tras tomarles declaración en la Audiencia Nacional, aunque los tres tienen impuestas medidas cautelares como la prohibición de salir del país, retirada del pasaporte o la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
Leire Díez, además, está imputada en un juzgado de Plaza de Castilla por haber podido maniobrar contra jueces y fiscales en busca de supuesta información comprometida sobre ellos. En los audios que constan como prueba de esa causa Díez la presunta fontanera del PSOE mostraba su empeño en desacreditar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción, en especial a su jefe, Alejandro Luzón. Ahora, esos organismos son los que están apuntalando los detalles de esta nueva causa.
