En ese ambiente de batalla “social” los expertos recomiendan una subida del 3,1 % (hasta los 1.221 euros) si el SMI sigue sin tributar IRPF, mientras los sindicatos CCOO y UGT reclaman un 7,5 % (1.273 euros) y la patronal CEOE-Cepyme ofrece un 1,5 % (1.202 euros). Desde esas premisas Trabajo necesita aprobar la subida a finales de enero con efecto retroactivo desde el día 1. Como baza para la negociación, el Gobierno cuenta con la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, con la que se busca prohibir la absorción de pluses y complementos en el SMI, una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales.
Pérez Rey ha asegurado que «habrá subida del SMI» y que se moverá «en los parámetros marcados por la comisión de expertos». Además, ha instado a la patronal a moverse de su cifra inicial, ya que «no parece de recibo sugerir una subida del SMI que ni quiera colme la evolución de la inflación y lleve a sus perceptores a la pérdida de poder adquisitivo».
La realidad es que el rápido incremento del SMI, con una subida del 60,9 % en los últimos siete años, ha provocado una concentración de asalariados en torno a esta cifra, convirtiéndola en la franja salarial más frecuente. Según el informe de la comisión asesora, el SMI ha dejado de ser la referencia exclusiva para trabajadores sin cualificación o sin experiencia.
En este contexto, el secretario de Estado de Trabajo, Pérez Rey, ha anunciado que el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, al tiempo que se ha comprometido a empezar a estudiar «seriamente» reglas de «relajación» de la Ley de Desindexación en los contratos públicos.
Esta cuantía de 1.221 euros mensuales, que se aplicaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero una vez aprobada, supone 37 euros al mes más que los actuales 1.184 euros mensuales y coincide con una de las dos opciones planteadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, que había sugerido para este año un aumento del 3,1% si el salario mínimo seguía sin tributar en el IRPF o del 4,7% si pasaba a tributar.
Pérez Rey, que ha indicado que se ha consensuado con Hacienda que el SMI no tribute tampoco en 2026, ha afirmado que CCOO, UGT, CEOE y Cepyme estudiarán ahora esta propuesta que se les ha trasladado en una reunión que ha arrancado a primera hora de este miércoles. De momento, el ‘número dos’ de Trabajo no ha recibido de su parte ni un sí ni un no a su propuesta, pero, a su juicio, el resultado de la reunión de hoy es «esperanzador».
En el encuentro de este miércoles no se ha abordado la reforma de las reglas de compensación y absorción salarial, que iría en otro decreto distinto, según ha precisado Pérez Rey. Lo que sí se ha tratado son las reglas de indexación en los contratos públicos, con la idea de «relajarlas» para que se puedan trasladar a los precios de los contratos públicos las subidas del SMI, una demanda histórica de la patronal, pero que también respaldan CCOO y UGT y el propio Ministerio de Trabajo.
«No tiene mucha lógica que las subidas del salario mínimo interprofesional no puedan ajustar los precios de licitación en los contratos, es decir, que sectores muy importantes para la economía del país, sectores auxiliares como la limpieza o la seguridad privada, que esas empresas tengan la capacidad de trasladar al precio de los contratos públicos algunas de las subidas laborales. Digo algunas, no en términos generales. Esto es algo que nos vienen reclamando los interlocutores sociales de manera unánime», ha explicado Pérez Rey.
También es una medida apoyada por Trabajo, que ha defendido «reiteradamente» ver si dentro del marco fiscal, tributario y laboral se pueden incorporar también reglas de afectación y relajación del impacto salarial en la contratación pública, una idea que en el pasado ha chocado contra el muro del Ministerio de Hacienda.
En esta línea, el secretario de Estado ha recordado que el Ministerio está trabajando en la transposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos que, en al menos dos de sus pasajes, obliga a los Estados miembros a prever reglas de traslación de las subidas de los salarios mínimos a la contratación pública.
«Por lo tanto, no es tanto un tema de oportunidad política o de oportunidad jurídica, sino casi una obligación derivada de una directiva que ha sido salvada casi en su integridad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en ningún caso se ha cuestionado esa parte que tiene que ver con la desindexación o con la traslación a los precios de la contratación pública de los salarios», ha subrayado.
Por ello, el ‘número dos’ de Trabajo se ha comprometido a explorar con los otros ministerios competentes y a la mayor brevedad posible un acuerdo «para relajar las reglas de desindenxación en algunos casos de condiciones de trabajo», ha precisado.
