Así, la decisión del Ecofin supone un segundo paso en el proceso de revisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tras la evaluación realizada previamente por la Comisión Europea a finales del año pasado, y permite avanzar en la aplicación de los ajustes técnicos destinados a simplificar la recta final del despliegue de los fondos antes de que acabe el año. Un calendario que el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha instado a cumplir a todos los Estados miembro implicados, apelando a que sean «críticos y realistas» a la hora de determinar qué proyectos pueden concluirse a tiempo.
En el caso de España, la adenda al Plan de Recuperación contempla una revisión de 160 medidas para facilitar la ejecución de los fondos dentro de dichos plazos del mecanismo, que fijan específicamente el 31 de agosto como fecha límite para ejecutar inversiones y el 31 de diciembre de este mismo año para certificar gastos. Entre los cambios más relevantes figura la reducción a unos 22.800 millones de euros de los préstamos que finalmente solicitará España, lo que supone una reducción del 72,5% de los créditos inicialmente asignados, en línea con la estrategia del Gobierno de priorizar el uso de subvenciones y limitar el recurso al endeudamiento europeo.
La revisión mantiene la ambición global del Plan, pero introduce ajustes para reducir cargas administrativas. En este sentido, se han eliminado un total de 17 reformas con rango de ley, de las que 12 no estaban directamente vinculadas a recomendaciones específicas de la Comisión ni a retos estructurales identificados, mientras que otras cinco se sustituyen por medidas de similar ámbito y ambición en áreas prioritarias como vivienda o sanidad.
Así, por ejemplo, el hito relativo a la aprobación de la ley del suelo deja de estar ligado a los fondos europeos, mientras que en sanidad se sustituyen reformas legislativas por medidas concretas como la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública o la reorganización de determinados servicios. En otros ámbitos, como la inclusión social, se reemplazan reformas previstas por ajustes normativos vinculados al Ingreso Mínimo Vital.
Pese a estos cambios, el Plan mantiene algunos compromisos clave, como la subida de la fiscalidad al diésel, que continúa formando parte de los hitos pendientes, junto a otras reformas estructurales como la ley de movilidad sostenible o la normativa para prevenir el desperdicio alimentario. La adenda refuerza, además, varias prioridades estratégicas mediante nuevas inversiones, entre ellas aportaciones a programas europeos de supercomputación y proyectos vinculados a la transición energética, y contempla una inyección de capital de 13.000 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar la financiación de la economía.
