En un comunicado fechado este 9 de febrero, la APM ha condenado los intentos del ministro y de su director de Comunicación, Asencio, de promover que determinados periodistas sean apartados de la cobertura informativa tras publicar informaciones o formular preguntas que no resultaban del agrado del departamento. La asociación recoge quejas trasladadas por corresponsales diplomáticos sobre presiones directas, vetos más o menos explícitos, silencios prolongados ante preguntas formales y una clasificación de medios entre “amistosos” y “hostiles” que, según denuncian, se traduce en la negación de información a estos últimos.
El comunicado también critica la limitación de las comparecencias públicas del ministro a dos o tres preguntas, la posibilidad de decidir de antemano qué medios o periodistas pueden intervenir y la dificultad –cuando no imposibilidad– de acceder a fuentes diplomáticas. Según la APM, a embajadores y altos cargos se les desaconseja hablar con la prensa, bajo advertencia de posibles consecuencias internas, lo que impide a los informadores ejercer su labor de servicio público.
Tras el comunicado de la APM, el Ministerio de Exteriores ha reaccionado a través de un mensaje en la red social X en el que rechaza las acusaciones y apela a “datos y transparencia” frente al «bulo». En ese mensaje, el departamento de Albares sostiene que en 2025 el ministro ha realizado 80 atenciones a medios, ha concedido 138 entrevistas a 45 medios distintos –españoles y extranjeros– y ha comparecido en 29 ocasiones en el Parlamento.
La denuncia de la APM se produce en un contexto de creciente malestar entre los periodistas especializados en política exterior, que en los últimos días ha aflorado con especial intensidad tras un incidente ocurrido en el Palacio de Viana. Durante una comparecencia, una periodista recordó al ministro la prolongada ausencia de ruedas de prensa. La respuesta de Albares fue breve y dio paso a su abandono inmediato del acto. Horas después, según han revelado distintos medios, se produjeron contactos desde el Ministerio con la dirección de la agencia para la que trabajaba la informadora, trasladando su veto y solicitando su relevo de la cobertura.
El malestar no es nuevo. En 2024, los corresponsales diplomáticos trasladaron por escrito al entonces responsable de comunicación del Ministerio sus quejas por la falta de interlocución con expertos, embajadores y altos cargos, y por la reducción de las prácticas informativas habituales a comunicados escuetos y mensajes en redes sociales. En 2025, la Asociación de Diplomáticos Españoles volvió a advertir del impacto de esta estrategia en la transparencia institucional y en la calidad del debate público, sin obtener respuesta del ministro.
