El informe del Ministerio Público solicitado por el magistrado instructor, del pasado 6 de febrero, «interesa que sea acordada la prórroga» de las pesquisas por un nuevo período dada la amplitud de la información incautada
«Dada la naturaleza de los hechos y delitos investigados» y la práctica de las «numerosas diligencias» que se han llevado a cabo, la Fiscalía ha solicitado al magistrado Moreno –instructor de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional tanto sobre las supuestas ‘mordidas’ a cambio de obra pública amañada, como sobre la presunta financiación ilegal del PSOE, en una pieza declarada secreta– que prorrogue las pesquisas el tiempo necesario para analizar toda la documentación incautada durante las entradas y registros efectuadas en la sede de Ferraz, el pasado 20 de febrero de 2024, en el marco de la ‘Operación Delorme’ de la que se han desprendido todas las vías de actuación, así como desentrañar el contenido de los dispositivos telemáticos volcados durante dichas actuaciones.
No en vano, con fecha de 19 de febrero de 2024, el juez Moreno acordó un total de 26 diligencias de entrada y registro en los domicilios de los investigados y en sedes sociales de personas jurídicas vinculadas o relacionadas con los mismos de las que, además de la intervención de documentación, efectos y metálico, derivó la obtención de un total de 169 evidencias digitales (teléfonos, ordenadores y dispositivos de almacenamiento), que tras su volcado «continúan siendo examinados para su posterior informe al juzgado por la unidad policial encargada de la investigación». Esto es, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
«Este material, tal y como ya se indicó en anteriores informes de prórroga», advierte la Fiscalía en su escrito, «ha derivado en nuevas imputaciones y, asimismo, han determinado la necesidad de nuevas diligencias a practicar».
De tal manera que, en el momento actual, «se está pendiente de recibir de la unidad policial encargada de las investigaciones informe relativo a la documentación requerida al Servicio de Salud de las Islas Baleares (Providencia de 31 de enero de 2025), así como informe del funcionario de la ONIF-AEAT en auxilio judicial».
Y, por lo tanto, al estar próxima la finalización de la segunda prórroga de seis meses establecido en la ley -art. 324.1 LECrim- y «teniendo en cuenta las circunstancias antes citadas, parece razonable que sea acordada la prórroga de la presente instrucción por un nuevo período de seis meses», ha contestado el Ministerio Público al juez Moreno.
