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  Legal  CASO BEGOÑA: el juez empieza a hartarse
Legal

CASO BEGOÑA: el juez empieza a hartarse

El juez Peinado ha pedido al Ministerio del Interior que le informe en un máximo de 10 días de los viajes que la esposa del presidente del Gobierno y su asesora, Cristina Álvarez, hayan realizado a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a Rusia.

RedaccionRedaccion—10 de febrero de 20260
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En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado Peinado se dirige a la Oficina Nacional de Información del Pasajero y pide que concreten «los posibles viajes» efectuados a esos destinos desde el 16 de julio de 2018 a día de hoy. Lo hace, en concreto, después de que ambas investigadas hayan «declinado la entrega de sus pasaportes para la comprobación» de este extremo.

En esa misma resolución, el instructor solicita a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que, en el mismo plazo de 10 días, remita al Juzgado los correos electrónicos intercambiados y recibidos por la cuenta asignada a Begoña Gómez desde esa misma fecha. Además, informa de que será la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la encargada de analizarlos El juez Peinado critica en su auto «la escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia por las investigadas, en total ejercicio de sus derechos fundamentales, acogiéndose a su derecho a no declarar como investigadas, salvo en una ocasión por parte de Begoña Gómez, que lo hizo tan sólo a preguntas de su abogado».

«Igualmente, el esposo de la citada investigada, actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando tuvo la oportunidad, de colaborar en esta investigación, se acogió al dispensa», indica el magistrado.
El instructor reconoce que se trata de una «postura totalmente legítima». «Pero que, como se ha dicho, la negativa a facilitar los pasaportes conduce a que se haya de acudirse a otras vías de investigación, como la práctica de las diligencias que ahora se acuerdan, convirtiendo las mismas en necesarias, e idóneas», añade.
A este respecto, el juez asegura que, «si bien es cierto que se podrían acudir a otras, como incluso la de entrada y registro de los domicilios de las investigadas, esa diligencia sí que sería desproporcionada».

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