En concreto, una sentencia de la Sala de lo Contencioso fechada el pasado 28 de enero de 2026 y consultada por Europa Press anula la última resolución del Gobierno respecto a las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid, que establecía un pago de 570 millones de euros a la concesionaria.
Este era el segundo cálculo que el Gobierno realizó y ya aumentaba en 451 millones de euros lo calculado con anterioridad, tras aplicar unas sentencias previas del Supremo en las que anulaba la fórmula inicial aplicada por no ajustarse a derecho. Sin embargo, en esta ocasión, la justicia no se centra en el cálculo económico, sino en la obligación de que el Gobierno presente ya una última resolución y pague todo lo que adeuda a la concesionaria, evitando así una próxima resolución que no sea definitiva.
En 2019, el Gobierno aprobó un plan para ordenar el proceso de indemnizaciones a todas las concesionarias que quebraron, ya que el Estado se quedó con sus autopistas y le debe lo que esas empresas invirtieron. Este plan establecía que se presentaría una resolución inicial por cada concesión, una segunda complementaria y otra tercera definitiva, normalmente con un plazo máximo de seis meses entre cada una.
Sin embargo, de las nueve autopistas que quebraron -gestionadas por ocho concesionarias-, solo una ha llegado ya a esa última resolución desde que se aprobase ese proceso hace casi siete años. Esta última sentencia, una vez que el Supremo ya emitió otras con anterioridad para anular el cálculo, buscar evitar que el proceso se demore más.
La R-3 y la R-5 forman parte de una única concesión que fue adjudicada en 1999 a un consorcio de ACS, OHLA, Sacyr y FCC para un periodo de 50 años; entró en operación en 2004 pero en 2012 entró en concurso de acreedores y fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit se quedaron con la deuda para cobrar las futuras indemnizaciones del Estado. Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ya ha supuesto un pago por parte del Estado de 1.684 millones de euros, aunque se trata de un coste provisional, puesto que la mayoría de las autopistas todavía se encuentran en la fase de la segunda resolución.
De esta forma, por la R-4 se han pagado 134 millones de euros; por la A-36, 319; por la A-41, 41 millones, por la AP-7 Cartagena-Vera, 278; por la AP-7 Alicante, 307; y por la M-12, 46; mientras que por la R-2 el coste provisional es de cero euros.
