La exconcejal socialista Leire Díez se opone a que el juez Zamarriego investigue al PSOE en el ‘caso Fontanera’, pero no a que cite como testigo al expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero. Su defensa acepta esa declaración siempre que se limite a los contactos mantenidos entre el exdirigente socialista y el fiscal José Grinda, en relación con la declaración del periodista Pere Rusignol y «el cambio de destino obtenido» por el representante del Ministerio Público.
Así consta en un escrito presentado este lunes, al que ha tenido acceso El Independiente, en el que su defensa se opone a la ampliación de querella. En su declaración como testigo, Grinda explicó al magistrado que se reunió con Rusiñol porque era un «amigo» que le había pedido verse. Éste le transmitió una supuesta oferta de soborno de parte de Díez para que le contara supuestas irregularidades del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y de neutralizar una demanda en su contra.
En esta causa, Zamarriego investiga a Díez como presunta cabecilla de una «actuación delictiva, continuada y coordinada» con el empresario Javier Pérez Dolset y Rusiñol para recabar información comprometida de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción con el fin de anular investigaciones en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios. Además, Grinda explicó al juez que le explicó a Rusiñol que no había pedido protección, sino que únicamente había hablado con el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y con el expresidente del Gobierno Zapatero para «conseguir comparecer» en la comisión de investigación del Congreso.
Sobre las dos reuniones en la sede del PSOE en Ferraz, a las que acudió junto a Dolset, sostiene que también mantuvo encuentros con representantes de Vox, PP o Podemos y con «otros tantos de los 167 que consideraban víctimas» del comisario Villarejo.
La conocida como ‘fontanera’ del PSOE afirma que esas reuniones tenían como único objetivo compartir información obtenida a partir de los audios del excomisario, sin pedir ni ofrecer nada a cambio. En esa línea, rechaza que su presencia en Ferraz pruebe vínculo alguno con el partido y sostiene que tampoco existió encargo o un mandato político detrás de sus actuaciones. También niega que existan indicios para investigar al PSOE como persona jurídica y acusa a la acusación popular de basar su petición en informaciones periodísticas y «conclusiones subjetivas» sin respaldo. La defensa insiste en que no consta relación orgánica ni contractual de Díez con el partido a nivel nacional.
Asimismo, defiende sus contrataciones en empresas públicas como Enusa o Correos, asegurando que accedió a esos puestos tras superar procesos de selección y sin ocupar cargos directivos. En el caso de Correos, subraya además que fue despedida en 2024. Igualmente, se opone a que testifiquen el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o la diputada del PSOE Cristina Narbona.
