El órgano de gobierno de los jueces ha informado sobre el transcurso de la comisión permanente convocada este martes, en la que los magistrados tenían sobre la mesa cinco diligencias abiertas contra el titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, después de que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ propusiera recientemente archivar todas. No se ha alcanzado ningún acuerdo y las deliberaciones continuarán en los próximos días, informa el órgano de gobierno de los jueces.
Las quejas contra Peinado fueron interpuestas por el ministro de la Bolaños, en relación a su interrogatorio como testigo en la causa contra Begoña Gómez; el grupo municipal Más Madrid y el diputado socialista Guillermo Hita; la asesora de la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez, Cristina Álvarez; y un particular.
La quinta diligencia informativa fue incoada en relación con las expresiones sobre la Policía Nacional que realizó Peinado en el auto en el que retiró el pasaporte a Begoña Gómez, una medida revocada recientemente por la Audiencia Provincial de Madrid.
Hace un mes la comisión permanente, con los votos de tres vocales encuadrados en el sector progresista y el de la presidenta del CGPJ, que cuenta con voto de calidad, acordó que el promotor de la acción disciplinaria, Conde, analizara si Peinado pudo incurrir en una «falta grave de consideración» y un «exceso o abuso de autoridad».
Los cuatro vocales del ala conservadora del Consejo suscribieron un voto particular en el que argumentan que la resolución en la que Peinado hizo esas alusiones debe revisarse por la vía ordinaria de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid y no compete al Consejo.
Con esta tesis se alinea el promotor de la acción disciplinaria, que argumentó que cuando en las resoluciones judiciales se usen expresiones improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico, el CGPJ solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior que conozca de la misma en vía de recurso. En el auto en el que envió a juicio a Begoña Gómez y acordó retirarle el pasaporte –el pasado 20 de julio y ya revocado parcialmente–, Peinado apuntó a que «no cabe duda» de que los escoltas de la mujer del presidente «en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
Dichas afirmaciones motivaron una queja por parte del ministro del Interior, Grande-Marlaska, que pidió a la presidenta del CGPJ adoptar «las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones» ante el «grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» por parte del juez.
