De esta manera, el que fuera titular del Ministerio Público ha agotado todas las vías previas necesarias antes de acudir al Tribunal Constitucional, en amparo, tal y como anunciaban los letrados públicos, al denunciar en buena parte de los escritos registrados durante el procedimiento, así como en las conclusiones del juicio celebrado en el TS, su intención de discutir la validez de algunas de las pruebas practicadas por el juez instructor Ángel Herrero. Entre ellas, la entrada y registro del despacho profesional de García Ortiz, en la Fiscalía General del Estado, y la incautación de todos los dispositivos informáticos de los que disponía en dicho momento.
