Los datos detallados de la Encuesta de Población Activa del conjunto del año pasado, analizados por el INE, muestran cómo las administraciones públicas perdieron alrededor de 11.000 efectivos el año pasado. Una merma que se produce mientras el empleo general del país siguió creciendo a gran ritmo el año pasado. Un 2025 en el que el mercado laboral sumó 567.200 trabajadores, de ellos en su inmensa mayoría asalariados del sector privado y en menor medida autónomos y empresarios.
Se trata del primer descenso en el empleo público desde el año 2014, un ejercicio en el que el ajuste en la función pública tras la crisis de 2008 todavía se notó en las cifras. El empleo público experimentó un boom a raíz de la pandemia, cuando las administraciones públicas, en especial las autonomías, buscaron profesionales de refuerzo para hacer frente a las consecuencias del virus. Solo en los años 2020 y 2021 el conjunto de las administraciones (Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, Seguridad Social…) incorporaron a casi 200.000 trabajadores, buena parte de ellos temporales. Sin embargo, la administración lleva reduciendo puestos de trabajos temporales desde el año 2023, forzada también por la obligación de reducir las elevadas tasas de interinidad que sufre.
El sector público está reduciendo la temporalidad a marchas forzadas, hasta el punto de que ha amortizado 100.000 puestos de trabajo de esta naturaleza en los dos últimos años. Un esfuerzo que ha llevado a que el número de empleados públicos con contrato de duración determinada haya caído por debajo del millón por primera vez desde el año 2020. Las administraciones han acelerado esfuerzos por incorporar personal fijo, ya sea laboral o funcionario. Desde el año 2022 las contrataciones indefinidas se han incrementado hasta el punto de que en 2024 llegaron a crearse 90.500 puestos de trabajo de carácter indefinido en la administración pública. Sin embargo, el año pasado se incorporaron 42.100 personas con este tipo de contrato, un refuerzo que no fue suficiente para compensar la destrucción de empleo temporal.
El grueso de la caída en el empleo público se concentra en las comunidades autónomas. En concreto, las comunidades destruyeron un total de 26.000 puestos de trabajo, mientras que las empresas e instituciones públicas y la Seguridad Social perdieron 2.000 efectivos cada una, respectivamente. Por contra, la administración local y la central incorporaron a 2.200 y a 2.600 efectivos cada una. Además, hay que tener en cuenta que el sector público incorporó unos 15.100 trabajadores dentro de una categoría llamada «otro tipo» de empleados públicos, donde se engloban todos los asalariados que no encajan en el resto de administraciones.
Si se toman los datos por el lugar de residencia de los trabajadores -lo que implica mezclar distintos niveles de administración- las comunidades donde más empleo público se destruyó fueron Comunidad Valenciana (22.200 empleos menos); Madrid (16.700), Castilla-La Mancha (11.400), Cataluña (5.100), Castilla y León (3.700), Andalucía (2.700) y La Rioja (2.600). En cambio en otras diez comunidades el empleo público repuntó. Lo hizo especialmente en Canarias (14.500 asalariados más), Asturias (13.100) y Galicia (9.700). Aunque también creció en menor medida en Navarra (5.600), País Vasco (2.100), Baleares (1.800), Aragón (1.100), Cantabria (1.100), Extremadura (800) y Murcia (800).
