«En el caso de que el rey don Juan Carlos decida volver a España, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, salvaguardar la imagen de la corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España».
Desde la Casa del Rey insisten en que las irregularidades fiscales atribuidas al emérito en los últimos años —por las que Felipe VI decidió retirarle la asignación presupuestaria y apartarlo de la actividad institucional— no guardan relación alguna con su actuación durante el 23F. Aquellas cuestiones, añaden, fueron objeto de regularización ante la Agencia Tributaria y pertenecen a un ámbito distinto del que atañe a su papel como jefe del Estado en 1981.
De esta manera, en el plano estrictamente legal, si Juan Carlos I optara por establecer nuevamente su residencia habitual en España, debería tributar conforme a la normativa vigente. Es decir, estaría obligado a declarar y responder por sus rentas y patrimonio en el momento en que su permanencia en territorio español superase los plazos que el fisco considera determinantes para adquirir la condición de residente fiscal.
Otro aspecto diferente es el relativo a su eventual estancia en el Palacio de la Zarzuela. Según precisan fuentes institucionales, la posibilidad de que el emérito vuelva a residir en dependencias oficiales corresponde al actual jefe del Estado, Felipe VI, en su condición de titular de la corona y responsable de la organización interna de la Casa Real.
