Según el documento, Rodríguez realizó comunicaciones de datos personales «en el marco de una comunidad limitada de profesionales de la información, aproximadamente dieciocho personas».
«Dichas comunicaciones se produjeron en un contexto acotado, dentro de relaciones que pueden desarrollarse de manera ordinaria entre un profesional vinculado a la comunicación pública y profesionales de medios de comunicación», señala el escrito.
El documento expone que la comunicación de nombres de periodistas o imágenes puede valorarse «en el ámbito de la libertad de información, siempre circunscrita a ese entorno concreto y con finalidad de trasladar una información con apariencia de veracidad».
Añade que en contextos cerrados entre profesionales de información puede resultar «admisible el tratamiento de datos identificativos en medida en que operen como referencia de fuente o elemento de contraste de información transmitida». «Desde la perspectiva del principio de minimización, adecuación y proporcionalidad, podría sostenerse que no resultaba necesario transmitir los nombres o, en su caso, las imágenes de las personas afectadas», señala el documento.
En este sentido, remarca que «no obstante, al tratarse de una comunicación no dirigida al público en general sino a una comunidad concreta y delimitada de profesionales de la información, la inclusión de tales datos personales puede operar razonablemente como elemento de contraste o aval de la información trasladada»
Es por ello que la Agencia Española de Protección de Datos archiva el expediente por no constatar indicios de una infracción de la norma sobre el tratamiento de datos personales que ha sido objeto de la reclamación presentada. En la resolución no se valora si la información que el reclamado añadió a la comunicación de estos datos personales «constituía o no información veraz ni, en consecuencia, si pudiera quedar amparada por libertad de información».
Asimismo, tampoco se enjuicia si las valoraciones efectuadas respecto de las personas mencionadas podrían quedar amparadas por la libertad de expresión ni si tales contenidos «pudieran dar lugar a eventuales responsabilidades civiles o penales», expone en el documento el organismo.
Pese a que la Agencia Española de Protección de Datos ha archivado la denuncia en el ámbito administrativo, la causa sigue su curso por la vía judicial, donde la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las diligencias para esclarecer los hechos.
