Las tasas globales al comercio permitieron a Washington recaudar más de 166.000 millones de dólares, unos 143.111 millones de euros al cambio actual. «El CBP no puede cumplir con la orden del Tribunal de Comercio Internacional del 4 de marzo de 2026», ha apuntado Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Política Comercial y Programas de la Oficina de CBP, en un escrito judicial dirigido al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.
La Corte Suprema anuló esos gravámenes al entender que Trump se extralimitó en sus funciones. Argumentó que el presidente no puede invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977 para fijar impuestos masivos a las importaciones de sus socios comerciales. «La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles», concluyó el Alto Tribunal, que respaldó con una mayoría de 6 a 3 la sentencia de un tribunal inferior que ya había fallado en el mismo sentido.
Desde la CBP explican que «sus procedimientos administrativos y tecnología actuales no están bien adaptados para una tarea de esta magnitud y requerirán trabajo manual que impida al personal llevar a cabo plenamente la misión de aplicación comercial de la agencia». La magnitud del problema es enorme: más de 330.000 importadores han realizado más de 53 millones de operaciones afectadas, y los aranceles cobrados bajo ese régimen suman aproximadamente esos 166.000 millones de dólares.
De esas operaciones, alrededor de 20 millones siguen sin liquidarse, mientras que cientos de miles estaban programadas para liquidarse automáticamente en los días siguientes a la orden judicial que ha parado las tasas y ordenado su reembolso. La agencia gubernamental responde así a la orden del juez Richard Eaton, si bien estima que podría empezar a emitir algunos reembolsos a finales de abril, una vez que haya renovado su tecnología.
Desde la Oficina de Aduanas explican que cuando una empresa importa a EEUU, declara y paga los aranceles estimados por sus productos nada más entrar la mercancía al país. Posteriormente, la aduana (CBP) revisa la operación y fija el monto final de aranceles -es el proceso de liquidación-. Si la empresa pagó de menos, abona la diferencia. Si pagó de más, el Gobierno devuelve el dinero con intereses. Todo lo anterior se gestiona con un sistema informático (ACE), que no puede hacer las devoluciones de las tasas que la Justicia considera ilegales de forma automática. Los aranceles están mezclados con otros impuestos en los registros y para separarlos haría falta hacer cálculos manuales. Para procesar los reembolsos habría que revisar 1.684 millones de datos de los expedientes aduaneros, lo que según el organismo requeriría de 4,4 millones de horas de trabajo. A la vez, muchos importadores ni siquiera tienen configurado el sistema para recibir devoluciones electrónicas, lo que impediría pagarles.
