A menos de un mes de que comience el juicio, la Sala ha acordado en una providencia ofrecer a ambas sociedades públicas la posibilidad de ejercitar esas acciones -algo que no ha solicitado hasta ahora el Ministerio de Transportes de Óscar Puente- «en la medida en que pudieran considerarse perjudicadas por el delito de malversación aquí enjuiciado». Recoge así la petición efectuada en la vista preliminar del juicio por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que instó al tribunal a acordar la medida.
Jesica Rodríguez estuvo en nómina en las dos empresas entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, aunque según ella misma admitió no desempeñó cargo alguno. En su declaración como testigo, explicó que en 2019, su entonces pareja, José Luis Ábalos, le propuso trabajar mientras estudiaba. Tras entregar su currículum, le llamaron de Ineco, donde fue seleccionada para cubrir una vacante de auxiliar administrativo.
Año y medio después, tras expirar el contrato, fue contratada en Tragsatec, donde fue la elegida entre más de 900 candidatos al obtener la segunda mayor puntuación. Para ello resultó determinante que acreditase «al menos un año de experiencia en tramitación de expedientes o tareas de administración en empresas públicas» y «al menos un año de experiencia previa como administrativa en sector ferroviario», por lo que hizo valer el tiempo que pasó en Ineco si realizar trabajo alguno.
La UCO apuntó que Ábalos yJesica mantuvieron «una relación particular», constatada por «la estancia de ambos en hospedajes nacionales y la participación de Jesica en varios viajes internacionales de Ábalos» entre 2019 y 2020, cuando era ministro de Transportes..
Además, Rodríguez vivió dos años y medio en un apartamento en la Plaza de España de Madrid costeado por Aldama, a razón de 2.700 euros al mes, a través de su socio Luis Alberto Escolano. Según la Unidad Central Operativa (UCO), se trataba de una supuesta contraprestación a Ábalos. El alto tribunal también ha emplazado a Fiscalía y acusación popular del «caso mascarillas» a que se pronuncien sobre la última petición de libertad de Ábalos y Koldo, que quieren salir de prisión para poder ejercer en plenitud su derecho de defensa sin verse sometido diariamente al «desgaste físico» de los traslados al Tribunal Supremo desde la cárcel de Soto del Real.
Según han puesto de relieve sus abogados en los escritos en los que vuelven a reclamar su libertad inmediata, con sus clientes en prisión no pueden preparar su defensa en una causa de tanta complejidad. No se opone la Sala, no obstante, a la solicitud de la letrada Leticia de la Hoz de que Koldo García pueda tener acceso a medios informáticos en prisión el centro penitenciario o a que se garanticen «reuniones técnicas diarias» entre ambos, sin perjuicio en todo caso «de la decisión que pueda adoptarse por la dirección del centro penitenciario».
Respecto a la petición de la letrada de Koldo para que el exasesor de Ábalos se siente junto a ella durante las sesiones del juicio, el tribunal deja claro que su ubicación «será la misma que en la audiencia preliminar celebrada el pasado día 12 de febrero» (cuando los acusados se sentaron en las filas de asientos detrás de estrados), «salvo en el momento procesal de su declaración».
