Según fuentes del Ministerio de Vivienda, el Ejecutivo ha tomado esta decisión ante la falta de apoyos para convalidar el texto en el Congreso, un paso imprescindible que el decreto tendría que superar en el plazo de un mes desde su aprobación en el Consejo de Ministros para desplegar sus efectos de forma permanente.
El real decreto-ley que el PSOE y Sumar pactaron la semana pasada no verá la luz hasta después del verano. Según adelantaron desde ambos lados de la coalición, el borrador que estaba previsto aprobar este martes incluía, tal y como pedía Sumar y el resto de partidos a la izquierda del PSOE, una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler, pero también una reforma de la ley del suelo que ha sido rechazada de plano por Podemos. También Junts avanzó que el texto no les convencía. El Gobierno se había comprometido a aprobar el decreto con medidas para atajar la crisis habitacional en julio. Fuentes del Ministerio de Vivienda aseguran que han sido unas «semanas intensas de negociación» pero reconocen que «la premura en el calendario» podía ser un «obstáculo» para recabar los apoyos necesarios para sacar adelante el decreto en el Congreso. Es por eso que justifican la decisión de posponer su aprobación en el Consejo de Ministros al mes de septiembre como una maniobra para dar «más margen a la negociación» y lograr un «acuerdo amplio y transversal» con el que sacar adelante «un ambicioso paquete de medidas que den estabilidad a quien vive de alquiler e impulsen la oferta de vivienda asequible».
Según adelantaron desde Sumar y desde Vivienda, el texto pactado en el seno del Ejecutivo y que ahora queda en ‘stand by’ contiene una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que terminen antes del 30 de junio de 2028, bonificaciones en el IRPF para los propietarios que bajen el precio del alquiler, una subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y modificaciones en la ley del suelo para agilizar los desarrollos urbanísticos, entre otros puntos. Fuentes del Ministerio de Vivienda insisten en que, pese a la «complejidad» del texto, durante las últimas semanas han constatado que existe «posibilidad de acuerdo». «La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura», aseguran, al mismo tiempo que recalcan que el departamento de Isabel Rodríguez «hará todo lo que esté en su mano para lograr el mejor acuerdo posible para garantizar el derecho a la vivienda a toda la ciudadanía».
Pese al optimismo del ala socialista del Gobierno, desde que a mediados de la semana pasada el Ejecutivo pusiera el borrador pactado entre PSOE y Sumar a disposición del resto de partidos, Podemos y Junts se han mostrado críticos. La secretaria general de la formación morada, Belarra, denunció en una entrevista con 20minutos que, a su juicio, el decreto preparado por el Ejecutivo era una reforma encubierta de la ley del suelo que supondría, a su juicio, dar «carta blanca a los pelotazos urbanísticos ilegales». «Tienen que retirar eso y después podremos hablar de lo demás», reclamó, marcando las modificaciones en la ley del suelo como «línea roja» para Podemos.
