El Ministerio de Trabajo y Economía Social impulsa esta ayuda dentro de un paquete de medidas para apoyar a los perjudicados por emergencias climáticas. Entre ellas destacan la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar de cinco a diez días y un permiso laboral para personas evacuadas o que hayan perdido su vivienda, aunque su centro de trabajo continúe operativo.
La nueva prestación cubrirá situaciones no contempladas actualmente por los permisos climáticos, como la de quienes permanecen alojados en pabellones tras ser evacuados. Aunque nace para responder a los incendios actuales, el objetivo es que se convierta en una herramienta permanente para futuras emergencias extremas. Según el Ministerio, la iniciativa complementa la normativa vigente y ha sido coordinada con las comunidades autónomas afectadas.
Actualmente, las empresas perjudicadas pueden solicitar ERTE por fuerza mayor y los trabajadores afectados por cortes de acceso a sus puestos pueden acogerse a permisos climáticos. Sin embargo, los evacuados que permanecen fuera de sus hogares carecen de una cobertura específica, una carencia que esta medida pretende resolver.
Por otro lado, el Gobierno prepara un anteproyecto de ley para reforzar la protección de quienes denuncien casos de corrupción en el ámbito laboral. La propuesta busca evitar represalias como amenazas, acoso o despidos, ampliando los supuestos de nulidad del despido. En caso de cese forzoso, este sería considerado nulo y el trabajador tendría derecho a la readmisión. La protección se extenderá a todos los canales de denuncia, incluida la prensa, mediante modificaciones del Estatuto de los Trabajadores.
