La exposición razonada por parte de la magistrada se centraba en los mensajes intercambiados entre el exjefe de Gabinete de Mazón, Carlos Cuenca, con la consellera Salomé Pradas, lo que a criterio de Ruiz Tobarra eran una especie de órdenes encubiertas del actual expresidente. No había más, porque ningún testigo ni imputado había declarado intervención alguna de Carlos Mazón durante la gestión de la emergencia y tampoco en el proceso de redacción y envío del Es-Alert.
Los magistrados, que incluso señalan en el auto que no son «insensibles a la tragedia ocurrida» y admiten la necesidad de las víctimas de «obtener justicia y reparación», argumentan de forma muy clara y contundente que «sólo se puede analizar la responsabilidad del exjefe del Consell desde una perspectiva jurídico-penal y no moral o política», lo que a todas luces es un toque de atención al papel de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. El auto concluye, por lo tanto que Mazón «no tenía una posición de garante porque la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de la emergencia», además, «tampoco ven indicios que acrediten su participación en el envío del Es-Alert a la población el 29 de octubre de 2024».
