La vicepresidenta Montero, ha deslizado que el decreto para paliar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán no incluirá medidas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables ni la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente, ya que ambos asuntos no cuentan con suficiente apoyo en el Congreso. Sumar, ERC y Bildu están presionando para incluir medidas relacionadas con la vivienda ante la escala de precios en el sector inmobiliario y la previsible subida de la inflación debido a la subida de los precios de la energía.
«Nosotros incorporaremos las medidas que cuenten con consenso», ha dicho Montero en los pasillos del Congreso al ser preguntada sobre si el decreto incluirá medidas de vivienda que están reclamando Sumar y otros socios de izquierda. El Gobierno se ha abierto a estudiar una congelación de la actualización anual de los contratos de alquiler al 2%.
La vicepresidenta ha recordado que ya se ha intentado hasta dos veces aprobar un decreto con un escudo social que incluía la prohibición de desahucios a personas vulnerables y se ha rechazado por el voto en contra de PP, Vox y Junts. «En esta ocasión, tenemos que ser capaces de situar a aquellas que cuenten con la aprobación y con el consenso de los grupos. No vamos a tener un decreto ley para que otros grupos lo rechacen. Eso es lógico», ha aseverado.
Montero ha admitido que pese a que en el decreto se podría tener aspiración «a ir mucho más allá», el arco parlamentario es el que es y por tanto las medidas que incluya el decreto tienen que contar «con el acuerdo de la mayoría de los grupos que están llamados a apoyar este decreto». Y es que, tanto PP como Junts ya habían avisado que no apoyarían el decreto si incluía medidas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables que, en opinión de los partidos, fomenta la ‘okupación’ de viviendas.
Con este panorama, la vicepresidenta ha avanzado que el decreto incluirá medidas que generen el consenso suficiente de la Cámara. En esta línea, fuentes del Ejecutivo han comentado que siguen negociando con PNV y Junts para ultimar las medidas que incluirá el decreto, de modo que si finalmente incluye iniciativas en vivienda cuenten con el apoyo de estos partidos.
En todo caso, saben que deben andar «con pies de plomo» con ambos grupos en esta materia, pues ya se han derogado dos decretos que incluían la prohibición de desahucios y que rechazan la renovación obligada de contratos de alquiler.
Esas fuentes también han avanzado que habrá ayudas a renovables pero que no se contemplan ayudas fiscales en productos de alimentación por la vuelta a las reglas fiscales europeas, que dan menos margen de gasto al Gobierno en comparación con la guerra en Ucrania.
En esta línea, ha reconocido que la Comisión Europea está reticente a tocar la fiscalidad de los carburantes, a aprobar ayudas de Estado y a activar las llamadas cláusulas de escape nacionales o de salvaguardia, que son exenciones fiscales a las que los países pueden acogerse en circunstancias excepcionales. No obstante, la ministra cree que si las situaciones económicas negativas se prolongan o se agudizan, Europa podría pasar a una ‘segunda ronda’ en con medidas más contundentes. Pero que, de momento, la Comisión limita su capacidad de actuación porque entiende que no se está ante el mismo escenario que en la guerra de Ucrania
