Estados Unidos ha dado un giro estratégico a su política energética al permitir que empresas estadounidenses vuelvan a operar con la petrolera estatal venezolana PDVSA, en un intento urgente de aumentar la oferta global de crudo y contener el impacto del encarecimiento del combustible en plena guerra con Irán.
La decisión, anunciada por el Tesoro, supone uno de los cambios más profundos en la política de sanciones hacia Venezuela en años. La nueva licencia autoriza a compañías estadounidenses, siempre que ya operaran antes de enero de 2025, a comprar petróleo venezolano y participar en transacciones previamente prohibidas, reabriendo de facto el acceso de uno de los mayores productores de crudo del mundo a los mercados internacionales.
Sin embargo, Washington mantiene el control sobre los ingresos: los pagos no podrán realizarse directamente a PDVSA, sino que deberán canalizarse a través de cuentas supervisadas por EEUU.
El plan de Washington busca incentivar la inversión en el sector energético venezolano y reactivar progresivamente su producción, profundamente deteriorada tras años de sanciones y falta de capital. No obstante, el impacto será limitado a corto plazo. Los expertos estiman que harán falta entre 12 y 18 meses para que un aumento significativo de la producción venezolana se traduzca en una mayor oferta global.
Además, la relajación de sanciones no es total. Quedan excluidas operaciones vinculadas a países como Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, así como transacciones relacionadas con deuda venezolana.
El movimiento se produce en un contexto de máxima tensión energética. El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha disparado los precios del crudo y ha trasladado el impacto directamente al consumidor. El precio medio de la gasolina en EEUU ha alcanzado los 3,84 dólares por galón, frente a los 2,98 dólares registrados antes del inicio de los ataques de Washington e Israel a finales de febrero.
El encarecimiento del combustible se ha convertido en uno de los principales factores de preocupación para los votantes en un momento especialmente delicado para el Partido Republicano, que se juega el control del Congreso en las elecciones de noviembre. «Sabemos que los precios de la gasolina están subiendo y que eso está afectando a la gente», ha reconocido el vicepresidente, JD Vance, que calificó la situación como «un repunte temporal».
En paralelo, la Casa Blanca ha suspendido durante 60 días la aplicación del Jones Act, una ley de los años 20 que obliga a transportar mercancías entre puertos estadounidenses en buques de bandera nacional. Esta flexibilización permitirá abaratar y agilizar el transporte interno de energía, en un intento adicional por contener los precios.
