El Ejecutivo se mantuvo durante meses en la idea de presentar las cuentas públicas en el primer trimestre del año, pero la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero, admitió que se retrasaría “unas semanas”. Esto deja en el aire si será ella quien los defienda o si ya habrá dejado el Gobierno para iniciar la campaña de las elecciones andaluzas. Además, a la falta de apoyos parlamentarios para aprobar las nuevas cuentas se suma ahora el contratiempo de la guerra. La “urgencia” del Gobierno es sacar adelante el Plan Integral de medidas para responder a la crisis de Oriente Medio, como dijo el viernes el presidente del Gobierno.
Fuentes de Moncloa creen que la guerra impactará en las cuentas y será necesario reestructurar algunas partidas en función de su desarrollo y su duración. Lo curioso de todo este nuevo planteamiento es que España se encuentra en una situación excepcional dentro de la Unión Europea, ya que tras la investidura de 2023 no ha logrado aprobar unos nuevos Presupuestos Generales debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Como resultado, el país ha funcionado con cuentas prorrogadas durante los tres últimos ejercicios, lo que ha generado una falta de planificación económica actualizada y ha limitado la capacidad de reacción del Ejecutivo ante imprevistos y crisis, especialmente en un contexto internacional incierto.
Esta carencia de presupuestos afecta directamente a la flexibilidad del Gobierno para destinar recursos y afrontar escenarios como el conflicto en Irán, que ha provocado un aumento considerable en los precios energéticos y ha disparado la inflación a niveles superiores al 4%. El Banco de España y la Comisión Europea han señalado que esta falta de control sobre el gasto público y la ausencia de nuevos presupuestos sitúan al país en riesgo de incumplir las reglas de disciplina fiscal europeas. Bruselas, de hecho, ha instado al Gobierno español a tomar medidas urgentes para aprobar el procedimiento presupuestario nacional y adaptar la política fiscal a las recomendaciones estipuladas para 2026.
Otro aspecto preocupante es el desfase entre las previsiones macroeconómicas utilizadas para elaborar los actuales presupuestos y la realidad del mercado. Por ejemplo, las hipótesis de precios del petróleo Brent eran de unos 60 dólares por barril, cuando actualmente han superado los 100 dólares en varias ocasiones, lo que afecta negativamente el crecimiento económico y encarece la factura energética entre 5.000 y 6.000 millones de euros anuales. Dado que España importa más del 99% del petróleo que consume, cualquier variación en el precio internacional repercute de inmediato en el coste de los carburantes, el transporte y la producción industrial, elevando la presión sobre la economía nacional.
Para gestionar la situación, el Gobierno ha aprovechado la cobertura de los fondos europeos Next Generation, que le han permitido gobernar sin presupuestos aprobados, aunque originalmente estos recursos estaban destinados a transformar la economía española tras la pandemia. Este uso alternativo de los fondos ha sido criticado por la oposición, que denuncia una falta de transparencia y control parlamentario en el manejo de partidas presupuestarias.
Por último, aunque la ministra de Hacienda, Montero, defiende la prórroga de los presupuestos como un mecanismo constitucional válido, otros artículos de la Carta Magna exigen que el Gobierno presente nuevas cuentas en tiempo y forma para garantizar una gestión responsable y eficaz. Si se hubieran aprobado los presupuestos en el plazo correspondiente, España podría afrontar con mayor solidez y flexibilidad las crisis económicas y los retos que surgen en el actual escenario internacional.
