La vista, convocada por el juez Juan Carlos Peinado para este 1 de abril a las 12.00 horas, se ha prolongado durante dos horas y media. Ha sido la tercera de estas características desde que la Audiencia Provincial de Madrid instó al magistrado a acumular todos los delitos investigados en un mismo procedimiento y a motivar mejor su apuesta por un jurado popular. Ninguno de los tres investigados —Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— ha comparecido tal como estaba previsto.
El letrado ha sostenido que su representada actuaba bajo las órdenes directas de Begoña Gómez y que, en esa situación de palmaria supeditación, le era materialmente imposible negarse. Desde esa premisa, ha concluido que la conducta de Álvarez no puede calificarse en ningún caso como malversación. Su cliente, ha venido a decir, habría sido víctima de Begoña Gómez, nunca coautora de delito alguno. Según el auto del juez Peinado fechado el 20 de marzo, Álvarez «era percibida por terceros no como una asistente protocolaria» de la esposa del presidente, sino como una «persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra» y del proyecto vinculado al software investigado. El magistrado sostiene además que Álvarez habría sido pagada con fondos públicos para desempeñar labores vinculadas a las actividades académicas privadas de Gómez.
Por su parte, tambien la defensa de Begoña Gómez, el ex ministro Antonio Camacho, ha mantenido sus posiciones habituales y ha solicitado el archivo de la causa. A la salida del juzgado ha respondido que la vista ha ido «bien como siempre». Dentro de la sala insistió en que el auto del juez contiene «meras conjeturas» y que los datos aducidos por Peinado son «falaces» o «no tienen la entidad que les da el instructor». «La única conclusión que puede extraerse del auto es que se está investigando a mi representada por ser cónyuge del presidente del Gobierno», ha reiterado la defensa, que también ha criticado la «redacción confusa» del magistrado. Camacho ha afeado los «olvidos» de Peinado en su último auto, como declaraciones y documentos que, a su juicio, eximirían a su cliente, y ha señalado la ausencia de «un solo indicio» para sostener la acusación por el delito de intrusismo.
«Este letrado a veces piensa que está en presencia de una pesadilla, porque esto es radicalmente claro y nos encontramos con una acusación que sigue manteniendo que se ha cometido el delito de intrusismo. ¿Dónde están las garantías? ¿Qué es en lo que se pretende avanzar? ¿En la justicia? No. Esto lo tenemos absolutamente claro. Aquí se está haciendo y permitiendo hacer otra cosa», ha reiterado como otras veces Camacho.
La defensa de Begoña Gómez ha reclamado además al juez tres informes periciales y la declaración como testigo de José Manuel Ruano, director de la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense. El primero de los informes versaría sobre la figura del cónyuge del presidente del Gobierno y su relación histórica con asistentes, analizando los precedentes con todos los presidentes de la democracia. El segundo sería de carácter económico, para cuantificar los ingresos que ha recibido la Complutense por la cátedra investigada. El tercero abordaría el marco normativo y administrativo de las cátedras extraordinarias en esa universidad.
Por su parte, el abogado de Cristina Álvarez ha pedido que la Moncloa entregue los certificados, si los hubiera, sobre expedientes abiertos a la asesora por incumplimiento de funciones o de horario laboral.
Por su parte, abogada de Vox Castro, a la salida de los juzgados, ha denunciado que durante la vista tuvieron que «escuchar los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación». Castro ha reprochado la «obstinación» de la Fiscalía al mantener la petición de archivo y ha afirmado que «hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase», añadiendo que la acusación popular unificada, articulada en torno a la organización HazteOir, ha pedido practicar más diligencias para completar el análisis del caso.
La base del auto de Peinado, presentado el 20 de marzo como respuesta a una exigencia previa de la Audiencia Provincial, sostiene que Begoña Gómez «habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno» para «impulsar su proyección profesional» en la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
No es tampoco la primera vez que Peinado elige un Miércoles Santo para un momento relevante de la instrucción. El año pasado, en idéntica jornada, se desplazó al Palacio de la Moncloa para interrogar como testigo al ministro Félix Bolaños.
La Audiencia Provincial de Madrid tendrá ahora la última palabra. Si avala los indicios de Peinado, el caso dará el salto hacia el juicio oral. Si los rechaza de nuevo, el magistrado se verá obligado a motivar por tercera vez una decisión que, como el calendario, parece empeñada en volver siempre al mismo punto de partida.
