Se trata de un nuevo hito en el periplo burocrático para que Orange pueda formalizar la compra de la compañía española, de acuerdo con la legislación conocida como ley anti opas. Esta normativa -aprobada durante la pandemia y renovada en 2024 hasta diciembre de 2026-, pretende evitar que empresas extranjeras puedan hacerse con el control de compañías españolas en sectores estratégicos, como es el caso de las telecomunicaciones. El motivo de este requisito responde a objetivos de protección de seguridad nacional, sin que en esta ocasión se hayan apreciado motivos para frenar o vetar la operación.
El pasado 10 de abril, la Comisión Europea despejó el camino regulatorio con el visto bueno de la Dirección General de Competencia de la UE a la compra del referido 50% de MásOrange que aún no controla el grupo galo, por un importe de 4.250 millones de euros. Dicho procedimiento, tramitado en Fase 1, evitó a los reguladores nacionales el análisis de la transacción, una vez que la cuota de mercado de la sociedad resultante no supera el 30% del total, con un volumen de negocios superior a los cien millones de euros. Además, esa autorización de Bruselas se produjo dos semanas antes del plazo máximo fijado para resolver el asunto, inicialmente estipulado hasta el 22 de abril, 25 días hábiles después de la fecha de la notificación a Bruselas de toda la documentación sobre la compra.
El siguiente y definitivo escollo será la autorización de Bruselas en virtud del Reglamento de Subvenciones Extranjeras (FSR – Foreign Subsidies Regulation). Consiste en un informe cuya elaboración requiere el estudio para cerciorarse de que las empresas no europeas reciben ayudas estatales que les proporcionan una ventaja injusta al adquirir empresas europeas. Fuentes comunitarias consideran este procedimiento como un «carril rápido», ya que se circunscribe a transacciones de bajo riesgo competitivo. Según ha podido saber elEconomista.es, ese último trámite se espera lograr antes de un mes, con un plazo máximo fijado para el próximo 15 de mayo.
