Así consta en un auto, en el que el tribunal señala que «no está justificada» adoptar la medida cautelarísima solicitada, «pues la actuación cuya suspensión se pretende está dirigida a la colaboración internacional en la respuesta a una emergencia sanitaria». «De manera que existe un interés prevalente en la protección de la vida y salud de las personas que se encuentran en el buque. En todo caso, no se evidencian datos o circunstancias que permitan apreciar que con tal actuación se comprometa la vida y salud de la población española».
«La decisión judicial no pone fin al procedimiento ni impide ejercer las acciones legales oportunas en defensa de los canarios y del conjunto de los españoles», ha replicado Iustitia Europa en un comunicado. Por tanto, la asociación anuncia que seguirá adelante «a través del procedimiento ordinario, exigiendo que se esclarezcan las decisiones adoptadas, su cobertura jurídica, sus fundamentos técnicos y las garantías sanitarias aplicadas».
«La actuación del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, en una operación de esta envergadura, comunicada esencialmente a través de notas de prensa y declaraciones públicas, plantea una grave preocupación desde el punto de vista de la transparencia institucional, la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva», afirma la asociación. «No puede pretenderse que los ciudadanos conozcan, acepten y acaten decisiones sanitarias de enorme trascendencia cuando sus fundamentos técnicos, jurídicos y operativos permanecen ocultos, imprecisos o sujetos a modificaciones sucesivas conforme avanzan los días».
