El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha dado la razón a las pequeñas empresas que impugnaron el arancel universal que entró en vigor el pasado 24 de febrero. En concreto, la Justicia considera que la Casa Blanca no tenía autoridad para aprobar este nuevo gravamen a la importación basándose en la Ley de Comercio de 1974, y eludiendo por tanto el control del Congreso de EEUU.
Y aunque el fallo no ha sido unánime (dos contra uno), sí que supone un nuevo contratiempo para el presidente, ya que señala que Trump no ha cumplido con los requisitos que establece la Sección 122 de la Ley de Comercio, que fue precisamente la normativa que arguyó para aprobar el nuevo arancel. En concreto, este artículo da autoridad temporal al presidente para aprobar medidas extraordinarias ante déficits graves en la balanza de pagos o caídas significativas en el valor del dólar estadounidense. Según el tribunal de comercio, no se cumplen ninguna de estas circunstancias, por lo que el arancel no está justificado.
La Casa Blanca puede ahora recurrir el fallo, por lo que no están claras las consecuencias de esta decisión judicial, al menos en el corto plazo. Sin olvidar que Trump dijo que este arancel global del 10% es temporal, y aún debe ser validado por el Congreso antes de que transcurran 150 días desde su puesta en marcha.
Con el calendario en la mano, esto supone que el Congreso debería ratificarlo antes de agosto, lo que podría ser complicado al calor de las actuales mayorías y del recelo que han mostrado representantes de ambos partidos, y es que las elecciones de mitad de mandato están a la vuelta de la esquina (se celebran el próximo 3 de noviembre).
En cualquier caso, puede que Trump esté ya barajando otras medidas para reemplazar este gravamen universal del 10%, no solo por el fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, sino también ante la posibilidad de que el Congreso no lo avale.
