La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha acordado aplazar la sesión, inicialmente prevista para este miércoles, «por necesidades del servicio».
Según recogen las providencias notificadas este lunes, las comparecencias arrancarán a partir de las 11.00 horas. De forma sucesiva, las partes recurrentes y la Abogacía del Estado expondrán ante los magistrados sus argumentos a favor y en contra de suspender cautelarmente el decreto mientras el Supremo resuelve el fondo de los recursos.
Por parte del Gobierno, está previsto que la Abogacía del Estado defienda que no se suspenda la norma, al entender que una paralización supondría una «afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general», según alegaciones recogidas por Europa Press..
En el lado recurrente, Hazte Oír sostiene que el decreto «excede los límites legales» y «altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos». En términos similares, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica alerta de un «riesgo cierto de perjuicio irreparable» derivado de la tramitación masiva de solicitudes y la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo.
VOX, por su parte, denuncia lo que considera una «legalización e institucionalización de la invasión migratoria», mientras que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso argumenta que la medida impacta en la prestación de servicios públicos en la Comunidad de Madrid y que “contraviene” normativa europea y afecta a la seguridad.
