En efecto, Manos Limpias ha denunciado en el Tribunal Supremo por homicidio imprudente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la muerte de cuatro guardias civiles -dos en Barbate en febrero de 2025 y otros tantos en Huelva el pasado día 9- en sendos choques persiguiendo a narcolanchas.
El colectivo de funcionarios hace hincapié en su denuncia en que asociaciones de guardias civiles y también integrantes del Consejo de la Guardia Civil habían alertado antes a Interior de que se sentían «abandonados», reclamando más «medios personales y materiales adecuados» para una «lucha desigual» contra las grandes mafias del narcotráfico. Se trató, dice, de muertes «en acto de servicio por no disponer de los elementos adecuados».
Además, reclama al Tribunal Supremo que se llame a declarar al ministro del Interior y que testifiquen los responsables de los sindicatos policiales que dieron la voz de alarma.
Del mismo modo, solicita que se incorporen las imágenes comparativas aportadas por la Guardia Civil «tanto de las lanchas utilizadas» por los cuatro agentes como las de las narcolanchas.
En 2022, resalta, Marlaska «desarticuló la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, denominada OCON SUR». Un hecho «relevante» que considera «una prueba irrefutable e incontestable de la precariedad de medios personales y materiales de la Benemérita para luchar en misiones de alto riesgo contra los narcos». Para Manos Limpias, los trágicos sucesos de Barbate y Huelva «han puesto en evidencia la precariedad de medios personales y materiales para misiones de alto riesgo». Y hace hincapié en que «a pesar de las advertencias de las asociaciones de guardias civiles» al ministro del Interior, «este no tomó ninguna medida para revertir una situación de desamparo y desigualdad».
Los fallecimientos de los agentes, llama la atención Manos Limpias, «no se produjeron por causa fortuita». «No se trata de una negligencia criminal, sino de una imprudencia criminal», argumenta, porque mientras la negligencia «supone no percibir un riesgo sustancial, que una persona razonable habría reconocido», la imprudencia implica, en cambio, que «la persona conocía el riesgo y aun así lo ignora». El sindicato niega que trate de judicializar la vida política. «Hay comportamientos políticos que inciden en ilícitos penales y estos deben de ser denunciados ante el órgano jurisdiccional competente, para que no se actúe con impunidad». Y tras dejar claro que aprecia «indicios suficientes» delictivos, expone que la denuncia «ni es temeraria ni está basada en recortes de prensa».
«Aunque los hechos hayan tenido cierta repercusión en los medios», apunta, la noticia «ha estado muy limitada» por la relevancia del desembarco en Tenerife del crucero MV Hondius, con un brote de hantavirus a bordo.
Tampoco, recala, se trata de una denuncia temeraria, «dados los hechos objetivos que se relatan con elementos probatorios». Finalmente, niega que actúe con abuso del derecho teniendo en cuenta que los «escándalos de corrupción inundan los juzgados y tribunales».
