Para la patronal, esta falta de interlocución refleja un desconocimiento de la realidad empresarial y pone en riesgo al tejido productivo, en el que las pymes representan el 99 % del total. El artículo 7 de la Constitución reconoce el derecho de las asociaciones empresariales a defender los intereses económicos y sociales de sus miembros. En este sentido, CEPYME defiende que su posición responde a la legítima representación de las pymes ante medidas que afectan directamente a su competitividad y supervivencia.
En esta situación, la elevada presión fiscal, el incremento de los costes laborales y operativos, las dificultades para la digitalización, la incertidumbre normativa y la falta de seguridad jurídica agravan un escenario que exige una respuesta inmediata. De no hacerlo, aumentarán los cierres de negocios, la despoblación y la pérdida de cohesión territorial. Por ello, CEPYME reclama un diálogo social transparente, medidas proporcionales, incentivos fiscales y apoyo a la digitalización, y reafirma su compromiso con un modelo económico basado en la competitividad, la innovación y la creación de empleo, trabajando unida para que la voz de las pymes sea escuchada en las decisiones que afectan a su futuro.
