Lejos de afrontar la gravedad política del momento, el Ejecutivo ha optado por refugiarse en una mezcla de propaganda, victimismo y desinformación que revela más nerviosismo que solidez.
La intervención de la portavoz, Saiz, fue el mejor ejemplo de esa deriva. Ante un asunto de enorme trascendencia institucional, su respuesta se redujo a repetir, sin matices, una afirmación insostenible: que la investigación nace de una denuncia de Manos Limpias. No fue un desliz. Fue una consigna. Repetida dos veces con la aparente convicción de que insistir bastaría para convertirla en verdad.
Pero no basta. Porque los hechos son tozudos. La investigación no surge de esa denuncia, sino de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción tras requerimientos internacionales. Y ese detalle no es accesorio: desmonta por completo el intento de presentar el caso como una maniobra política. Lo que la portavoz trató de vender como persecución ideológica es, en realidad, un procedimiento con base institucional y dimensión internacional.
Lo más alarmante no es el error, sino la negativa a corregirlo. Advertida en directo, Saiz no rectificó. No matizó. No dudó. Simplemente se atrincheró en un discurso vacío, refugiándose en fórmulas huecas sobre el respeto a la Justicia mientras eludía el núcleo del problema. Esa actitud no solo evidencia debilidad argumental; denota una preocupante indiferencia hacia la verdad.
El resto del aparato político ha seguido el mismo guion: convertir una investigación judicial en un supuesto ataque político. Hablar de “inquina”, insinuar conspiraciones, sugerir enemigos ideológicos. Es la salida más fácil cuando faltan explicaciones. Pero también la más peligrosa, porque erosiona la confianza en las instituciones y trivializa hechos que merecen ser tratados con rigor.
Mientras tanto, el Gobierno se parapeta en la presunción de inocencia como único salvavidas. Un principio básico, sí, pero insuficiente cuando se utiliza como escudo para evitar cualquier rendición de cuentas política. No se explica nada, no se aclara nada, no se asume nada. Solo se repite. Solo se resiste.
Ni las quejas sobre filtraciones ni las referencias al calendario mediático consiguen desviar la atención de lo fundamental: el Ejecutivo no controla la situación. Reacciona tarde, mal y con argumentos desacreditados. Y cuando un Gobierno pierde el control del relato, empieza a perder algo más importante: la credibilidad.
Lo ocurrido no es solo un problema judicial para Zapatero. Es un síntoma político. El síntoma de un Gobierno que, ante una crisis, no informa: se defiende. No argumenta: insiste. No corrige: niega. Y en esa negación permanente, lo que queda en entredicho no es solo su versión de los hechos, sino su capacidad para gobernar con rigor y respeto a la verdad.
