Según esta estrategia, el Ejecutivo está peinando párrafo a párrafo el sumario en el que figuran las actuaciones de la unidad policial que han llevado al juez de la Audiencia Nacional Calama a investigar formalmente al expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero –presunto líder de una trama corrupta de enriquecimiento ilícito– y sobre quien recae la comisión de tres supuestos delitos.
Cada ministerio implicado o salpicado en los informes policiales está rebatiendo la investigación de los agentes con sus propias aclaraciones o precisiones. Es más, reiteran que han visto en los últimos días «incongruencias» en los citados informes policiales. Por eso, en el Ejecutivo hay quien cree la investigación de la UDEF es una «chapuza», según concede una fuente cercana al presidente. En cualquier caso, no deja de ser llamativo que el Gobierno se apoyara ayer en otro informe policial –este de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– para defender la inocencia de la mujer del presidente, Gómez, y arremeta contra la UDEF para defender al expresidente Zapatero.
Eso sí, cabe reseñar que la protección gubernamental al expresidente socialista carece del vigor que posee la defensa férrea a la mujer de Sánchez y a su hermano David. Lo cierto es que en un primer momento, en Moncloa se tomaron la investigación a Zapatero como un caso de «lawfare». El propio presidente pidió a los suyos nada más trascender la imputación que defendieran «el buen nombre» del expresidente. Pero ese mismo día se conoció el auto de investigación del juez Calama. Y al Gobierno no le quedó más remedio que pasar del ataque a pedir «cautela» y esperar al desarrollo del proceso.
Ahora, pese a que Moncloa se agarra a cualquier hipotético fallo de la UDEF para defender la honorabilidad de Zapatero, en verdad sigue evitando valorar el proceso. La ministra portavoz, Saiz, dio ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, varias vueltas para no posicionarse oficialmente. Saiz se aferró al argumentario habitual del Ejecutivo sobre el respeto a la «presunción de inocencia» y la «colaboración con la Justicia», al tiempo que trató de justificar el rescate concedido a la aerolínea Plus Ultra, la compañía situada en el epicentro de la investigación que afecta a Zapatero.
La ministra evitó aclarar si el Gobierno revisará el procedimiento mediante el que se aprobó aquella ayuda pública, aunque fuentes del Ejecutivo argumentan que no lo ven necesario puesto que ese rescate ha sido validado en conformidad legal por varias instancias, como el Tribunal de Cuentas y la propia Justicia europea. La portavoz se limitó a defender que todo el proceso se ajustó a la legalidad.
Si en algo es especialista el presidente del Gobierno es en «enterrar» a todo aquel que le supone un problema político. Lo hizo con Ábalos y Cerdán. Pero en el PSOE saben que Zapatero no tiene, ni por asomo, la trascendencia política de los otros dos implicados. Su mancha ha dinamitado por completo el plan de Sánchez de llegar a 2027. La presión interna en el PSOE para convocar elecciones crece con cada página del sumario que implica a Zapatero.
