Lora fue nombrado vicepresidente de la SEPI en septiembre de 2017 para sustituir a Federico Ferrer, y forma parte de su consejo de administración desde entonces, convirtiéndose en uno de los hombres fuertes en la entidad. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF, inició su carrera en Bankinter y pasó por Enfersa y Ferrovial antes de dar el salto al Instituto Nacional de Industria en 1990. Desde ese puesto fue escalando hasta ser elegido en 2012 como Director de Participadas de la División de Defensa de la SEPI.
De esta forma, el titular de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid admite a trámite, en un auto, la querella interpuesta por el PP y Vox, y fija que la declaración de Lora se celebre el próximo 3 de julio a las 9:30 horas. El juez ha dado el paso al apreciar que los hechos que se investigan «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa».
Escribano también solicita a la SEPI que identifique al secretario del consejo gestor, a los vocales con derecho a voz y voto en sus sesiones, a los invitados que participaron en las reuniones del consejo gestor relativas al rescate de Air Europa, a los técnicos encargados de instruir el expediente y al autor del informe de la Abogacía del Estado que autorizó el préstamo, «todo ello con el fin de que puedan ser citados en la forma que proceda» una vez se produzca la declaración de Lora.
Asimismo, el magistrado exige a la SEPI la entrega del expediente completo del préstamo, así como las actas íntegras, los borradores, anexos y toda la documentación remitida a los vocales y a la presidencia en las reuniones en las que se abordó el expediente. También pide los listados de asistentes a dichas sesiones, la consulta realizada sobre los antecedentes aportados y el informe íntegro emitido, «en particular en lo relativo a posibles deudas o impedimentos y su interpretación».
También reclama los informes de fiscalización o control relativos a la operación, junto con las observaciones, reparos, recomendaciones y las respuestas emitidas por la SEPI y por el consejo gestor al respecto. Asimismo, solicita correos electrónicos, notas internas, minutas, informes ejecutivos y cualquier comunicación con los gabinetes ministeriales vinculada al expediente, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
El magistrado instructor pide la agenda del presidente del consejo gestor y las convocatorias relacionadas, el contrato de financiación, el acuerdo de apoyo público temporal, los acuerdos de gestión y anexos, la estructura en tramos con la justificación técnica y legal, los umbrales considerados y las notas sobre control europeo.
Y también solicita a la SEPI las escrituras, cambios estatutarios o de objeto, los órganos de administración y las relaciones intragrupo, además de las cuentas anuales de 2019 y 2020 del grupo y de la ‘holding’ receptora formal, como también los acuerdos de reparto del dividendo y su reflejo contable.
El rescate de 475 millones para Air Europa, que aprobó el Consejo de Ministros y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia, se tramitó cinco veces más rápido que el resto de solicitudes de ayudas presentadas. Según el Tribunal de Cuentas, la ayuda requerida por la aerolínea que dirigía Javier Hidalgo fue tramitada y aprobada en tan solo 70 días, frente a la duración media de 355 días en la resolución de la treintena restante de operaciones. Air Europa fue la primera compañía en solicitar la ayuda económica después de que sus ingresos cayeran más de un 90%. Además de la aerolínea, otras compañías del sector turístico como Plus Ultra, Ávoris, Hesperia o Hotusa, entre otras, solicitaron ayuda financiera y fueron también rescatadas. Al igual que ocurrió con Air Europa, el rescate a Plus Ultra fue uno de los que menos se demoró, con un total de 182 días, menos de la mitad respecto al período medio.
La semana pasada Turkish Airlines confirmó que espera completar este año la operación de entrada en el capital social de Air Europa. El Gobierno español, vía Consejo de Ministros, dio luz verde recientemente a la compra del 26,5% de la aerolínea española, valorada en unos 300 millones de euros.
La Ley establece la necesidad de una autorización administrativa previa a las operaciones de esta naturaleza en las que el inversor extranjero pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital de una compañía española que opere en un sector clave para el país. Para la aerolínea turca, esta operación responde a dos objetivos claros: abrir nuevos mercados turísticos en la región latinoamericana y aumentar el número de turistas y las aportaciones económicas a Turquía mediante el desarrollo de la red de vuelos de pasajeros y de carga con España.
