Las directivas europeas fijan objetivos que deben incorporarse a la legislación nacional en un plazo, generalmente de dos años. Si no se cumple, la Comisión Europea inicia un procedimiento que empieza con un expediente informativo, continúa con un dictamen motivado y puede terminar ante el Tribunal de Justicia de la UE, con sanciones que arrancan en torno a los 8 millones de euros.
En algunos casos, sin embargo, resulta más rentable para el Gobierno asumir la multa que transponer la norma. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la directiva que eximiría de IVA a autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros, pendiente desde hace más de un año y medio. La recaudación fiscal supera el coste de la posible sanción.
Este asunto está ya en el TJUE desde marzo, y no es un caso aislado: España acumula otros 39 expedientes abiertos por incumplimientos en distintas fases.
El riesgo no se limita a las multas. Bruselas puede reducir la asignación de fondos europeos si persisten los incumplimientos. A ello se suman dudas sobre el uso de recursos comunitarios —como el desvío de 2.400 millones del fondo Next Generation para pensiones—, lo que erosiona la credibilidad de España y puede acarrear consecuencias económicas más graves.
En este contexto resulta que en su último informe, Bruselas identifica una docena de problemas y retrasos que pueden dificultar la siguiente fase de la transición energética. El diagnóstico llega además en un momento delicado tras el gran apagón: ya no basta con instalar renovables, sino que el reto está en contar con redes, infraestructuras y sistemas capaces de gestionarlas.
Entre las principales alertas figura la necesidad de abandonar progresivamente la llamada “operación reforzada”, el esquema excepcional con el que Red Eléctrica sostiene la estabilidad del sistema apoyándose más en centrales de gas. La medida, muy cuestionada por su coste y falta de transparencia, no puede prolongarse indefinidamente.
Bruselas también advierte del déficit de redes eléctricas. La electrificación exigirá inversiones mucho mayores, ya que existen cuellos de botella en nudos e infraestructuras que dificultan nuevas conexiones tanto para proyectos energéticos como industriales. A ello se suma el retraso del almacenamiento, muy lejos aún del objetivo de 22,5 GW en 2030, en un contexto de sobreoferta solar que presiona los precios.
Otro punto clave es la escasa interconexión con Europa, especialmente con Francia, que limita la integración de la península en el mercado eléctrico. Además, la electricidad sigue siendo menos competitiva que el gas debido a los costes, la fiscalidad y los peajes, lo que frena la electrificación de la industria.
El informe también subraya obstáculos regulatorios y administrativos: dificultades en los accesos y conexiones, largos procesos de permisos y falta de incentivos adecuados para invertir en redes. En paralelo, destaca la necesidad de más flexibilidad del sistema —mayor gestión de la demanda y digitalización— para adaptarse a un modelo energético más complejo.
Por último, Bruselas considera que sectores como el transporte, la industria o la climatización aún avanzan demasiado despacio en su electrificación. En conjunto, el mensaje es claro: el reto energético de España ya no está en generar energía limpia, sino en ser capaz de gestionarla de forma eficiente y sostenible.
