El cambio de calendario ocurre porque el día 30 decaen las medidas aun vigentes del anterior escudo anticrisis. Como todo decreto ley, debe ser aprobado primero en la reunión interministerial y publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para después iniciar el plazo de 30 días para pasar el examen parlamentario para conocer si el Congreso lo convalida o lo deroga. Hasta ese momento, las medidas estarán en vigor desde su publicación en el BOE, por lo que el Gobierno enlaza un paquete de medidas con otro.
Según lo avanzado por Sánchez, será «un nuevo real decreto ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía», que estará pendiente del recorrido del anuncio de paz en Oriente Medio. No hay más detalles sobre las posibles medidas que se incluirán. Fuentes de Economía indican a este respecto que siguen «trabajando en la definición» de las mismas y que «serán abordadas con los grupos parlamentarios».
El nuevo plan anunciado por Sánchez llega en plena desescalada del anterior, el aprobado en marzo que incluía, entre otras medidas fiscales, la rebaja del IVA de electricidad, gas y carburantes al 10% y que, desde el 1 de junio, solo sigue aplicando a las gasolinas ante al contención de la inflación en los otros productos energéticos. Durante su turno de palabra en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha destacado los efectos «francamente positivos» del decreto ley aprobado en marzo, para el que se desplegaron 5.000 millones de euros, en lo que se refiere a la protección de hogares, empresas y sectores afectados como la agricultura o la industria electrointensiva porque consiguió contener la inflación y permitió «consolidar» el crecimiento económico y la creación de empleo en un contexto de fuertes subidas de los precios energéticos.
Más en detalle, ha indicado que los agricultores pudieron acceder a 500 millones de euros para comprar fertilizantes, que van a «salvar» la época de cosecha, y la factura de electricidad de la electrointensiva se rebajó un 14%.
