Lo señaló en el seminario de la APIE y la UIMP en Santander, en un contexto marcado por el envejecimiento, la baja productividad y el elevado endeudamiento.
Olóndriz subrayó que la sostenibilidad fiscal no puede limitarse al cumplimiento de reglas, sino que debe asegurar la viabilidad de las políticas públicas sin comprometer el futuro. En este sentido, destacó el nuevo marco fiscal europeo de 2024, que pone el foco en planes estructurales de medio plazo y en el control del gasto, reforzando la credibilidad y el papel de las instituciones independientes.
No obstante, advirtió de que la adaptación en España es incompleta, especialmente en la distribución de los compromisos entre administraciones. En un Estado descentralizado, señaló, la coordinación y la corresponsabilidad son esenciales para garantizar la eficacia del sistema.
En el plano económico, la AIReF prevé un crecimiento del 2,2% en 2026, aunque con una desaceleración progresiva hasta el 1,7% a final de década. A corto plazo, el déficit se mantendría por debajo del 3%, pero a largo plazo podría alcanzar el 6,6% del PIB y la deuda el 123% en 2050, debido al envejecimiento y al aumento del gasto.
Además, alertó de que el gasto público crecerá por encima de lo comprometido y que el cumplimiento de los objetivos europeos será difícil en los próximos años sin medidas adicionales.
En cuanto a las pensiones, Olóndriz señaló que su sostenibilidad no puede analizarse de forma aislada. El envejecimiento presionará también el gasto sanitario y otros servicios, reduciendo el margen fiscal. Por ello, defendió una visión integral que tenga en cuenta el reparto de competencias y financiación entre administraciones.
Finalmente, destacó la evaluación de políticas públicas como herramienta clave para mejorar la eficiencia del gasto. La sostenibilidad, concluyó, dependerá no solo de cuánto se gasta, sino de cómo se utilizan los recursos.
