El Gobierno ha salido este martes en defensa de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Gualda, después de las últimas diligencias judiciales relacionadas con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). En Moncloa sostienen que la investigación no contiene «ningún elemento» que comprometa a la máxima responsable del holding público y trasladan que mantiene intacta la confianza del Ejecutivo.
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«En las diligencias no aparece ningún elemento que comprometa a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda. Por lo tanto, mantenemos toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos», señalan fuentes gubernamentales, que cierran así la puerta a cualquier cuestionamiento de su continuidad.
El Ejecutivo insiste, no obstante, en que colaborará plenamente con la investigación judicial. «Como no puede ser de otra manera, está garantizada la colaboración y el respeto con las decisiones judiciales», subrayan las mismas fuentes, aunque aprovechan para reivindicar tanto la actuación de la SEPI como la de los funcionarios que participaron en la gestión del fondo creado durante la pandemia para rescatar empresas estratégicas.
Desde el Gobierno defienden que el funcionamiento del FASEE ha estado sometido desde su creación a un intenso escrutinio administrativo, nacional y europeo. En este sentido, destacan que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha auditado la gestión del fondo y ha emitido una opinión favorable sobre sus cuentas en todos los ejercicios; que la Comisión Europea avaló en 2020 el marco regulador del mecanismo y ha sido informada de todas las operaciones realizadas; que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó en junio de 2024 el régimen de ayudas; y que el Tribunal de Cuentas concluyó el pasado mes de septiembre que la SEPI aplicó correctamente la normativa en la concesión de las ayudas.
La Moncloa reivindica además el balance económico y social del instrumento. Según los datos del Ejecutivo, el Fondo de Apoyo a la Solvencia permitió garantizar la viabilidad de 30 empresas estratégicas y preservar alrededor de 62.000 puestos de trabajo durante uno de los momentos de mayor incertidumbre económica provocados por la pandemia.
