Según fuentes cercanas, el Gobierno mantiene tensiones con Escribano por su resistencia inicial a dimitir y por sus movimientos para reforzar el control privado en Indra mediante la operación. Aunque la fusión se considera estratégica, el Ejecutivo apuesta ahora por una fórmula reducida (“fusión impropia”) en la que Indra tomaría el control mayoritario.
Entre las exigencias, Moncloa plantea que Indra tenga al menos el 51% de EM&E, una fuerte rebaja de su valoración (desde más de 2.000 millones a cerca de 1.300 millones) y la exclusión de Escribano del consejo.
El futuro de la operación es clave, ya que los ingresos de EM&E dependen en gran parte de contratos públicos de Defensa. Sin acuerdo, Escribano podría perder peso en programas estratégicos como el del vehículo Dragón 8×8, en un contexto de reciente distensión entre el Gobierno e Indra y otros socios del sector.
