Lo que está en juego no es únicamente el futuro de dos cargos concretos, sino la imagen de neutralidad, profesionalidad y autoridad de una de las instituciones más respetadas del Estado.
La reacción del Ejecutivo parece seguir un patrón conocido: cerrar filas, reivindicar la presunción de inocencia y descartar dimisiones mientras no exista una condena. Desde un punto de vista jurídico, el argumento es legítimo. Pero desde una perspectiva política e institucional, la cuestión es más compleja. La confianza pública no depende sólo de los tribunales; también descansa en la percepción de ejemplaridad y responsabilidad.
El problema para el Gobierno es que esta crisis no surge de forma aislada. Llega en un momento de acumulación de polémicas, investigaciones, filtraciones y enfrentamientos políticos que alimentan una sensación de deterioro institucional. Cuando la ciudadanía ve desfilar de forma continua acusaciones, imputaciones y sospechas, acaba configurándose un clima de desconfianza generalizada, independientemente del resultado final de los procedimientos judiciales.
La Guardia Civil necesita protección política, pero sobre todo necesita protección institucional. Su prestigio descansa en la idea de que actúa con independencia de cualquier interés partidista. Cuando la cúpula aparece asociada al ruido político, la institución corre el riesgo de convertirse en actor involuntario de la confrontación política, algo especialmente dañino para un cuerpo de seguridad del Estado.
La estrategia de «resistir y esperar» puede ser eficaz para la supervivencia política a corto plazo, pero no siempre sirve para preservar la credibilidad de las instituciones. El tiempo puede diluir titulares, pero no necesariamente restaura la confianza perdida. De hecho, cuanto más se prolongan las dudas sin explicaciones convincentes, mayor es el desgaste para todos los implicados.
El verdadero riesgo para el Gobierno no es sólo el coste político inmediato. Es que la opinión pública llegue a la conclusión de que las instituciones del Estado están atrapadas en una espiral de sospechas permanentes. Y cuando los ciudadanos dejan de confiar en la imparcialidad de quienes recaudan impuestos, investigan delitos o garantizan el cumplimiento de la ley, el daño supera con mucho a cualquier gobierno concreto: afecta a la credibilidad del propio Estado.
Porque los gobiernos pasan. Las instituciones permanecen. Y cuando estas aparecen rodeadas de demasiado ruido y demasiada «porquería», la obligación de quienes gobiernan debería ser despejar las dudas cuanto antes, no simplemente resistir a que escampe
