Que coincidan en el tiempo tres estudios teóricamente sociológicos sobre el tema no es una casualidad. Que los tres presentes resultados parecidos, menos aun y que todo ello coincida con las circunstancias legales que todo el mundo conoce, menos aun.
De esta manera, y según el estudio del CIS ,nueve de cada diez ciudadanos (el 88%) están convencidos de que la Justicia no trata igual a los políticos que al resto de ciudadanos y un 77% no cree que la Justicia sea imparcial al tratar asuntos relativos a partidos, según se refleja en la cuarta edición de la Encuesta de Calidad de la Democracia realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta, se basa en 4.027 entrevistas realizadas en 1.150 municipios de 50 provincias entre los días 9 y 12 de junio, fechas en las que las noticias sobre casos de corrupción copaban las cabeceras, con un margen de error del más/menos 1,6%.
La sociedad sigue pensando, mayoritariamente, que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, así lo dice un 80,8% de los entrevistados, y que la Transición que llevó a España de la dictadura a la democracia es un motivo de orgullo para el país, como opina el 72,7% de los encuestados. Pero más de la mitad de los españoles (56,9%) se declara poco o nada satisfecho con el funcionamiento actual de la democracia y un 87,5% considera que España no cuenta con suficientes mecanismos para combatir la corrupción. Más del 70% de los encuestados considera que los ciudadanos no tienen ninguna influencia sobre lo que hace el Gobierno, que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente y que siempre buscan sus intereses personales.
La mayoría opina que sin partidos no puede haber democracia (75%), pero les aconseja integrar a las minorías internas en sus listas, permitir que los candidatos sean elegidos por los afiliados, contar con la figura del defensor del afiliado y dar más participación a las juventudes. Y hay consenso, por encima del 94%, en exigir a los partidos que todos sus cargos públicos y orgánicos firmen un código ético.
El CIS pregunta también por los temas que deberían motivar un acuerdo entre el PP y el PSOE, ofreciendo al entrevistado las posibles respuestas, y un 90,8% apuesta por una fiscalidad justa, el 85,7% menciona los fondos europeos, un 84% habla de medidas contra la violencia de género y la reforma del estatuto de los trabajadores, y el 83% cita la política exterior.
Por su parte, ‘El País’ y ‘La Vanguardia’ publican a la vez encuestas para desacreditar a los jueces que investigan la corrupción sanchista
El estudio del diario de Prisa está encargado a una encuestadora de la que fuera presidenta del CIS durante la segunda legislatura de Zapatero Ambas cabeceras consideran la percepción de la poca o nula imparcialidad en los casos de la mujer y el hermano de Sánchez por cerca del 40 % de la población
Con el Ejecutivo y el entorno de Sánchez rodeados por la presunta —y acreditada en el exministro Ábalos— corrupción, han sido varios integrantes del Gobierno los que han reiterado sus ataques contra la Justicia, incluido el titular de la cartera, Bolaños. No han sido los únicos, los medios más afines al sanchismo han hecho lo propio: una maniobra con la que tratan de poner el foco en una supuesta pérdida de confianza de la ciudadanía en los magistrados.
El diario El País publica una encuesta en la que aseguran que «más del 65 %» de los españoles consideran que existe lawfare. Además del llamativo conocimiento masivo del término —guerra judicial—, afirman que el electorado de PSOE, Sumar y Podemos los que perciben que la práctica la sufren especialmente el Gobierno y las formaciones de izquierda. El estudio se realizó después de la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional, la condena a 24 años de Ábalos, que el juicio contra el hermano de Sánchez quedara visto para sentencia, el procesamiento a Begoña Gómez o la imputación a la presidenta de la SEPI y 24 personas más en el caso Leire Díez.
Del mismo modo, La Vanguardia ponía en el disparadero a los jueces, cifrando en un 58 % la población que cree que los magistrados «están haciendo política». Asimismo, aseveran que el 41 % de la ciudadanía considera que la Justicia «actúa de manera imparcial, sin dejarse influir por sus preferencias políticas». Como sucede con el diario de Prisa, en este caso también el porcentaje mayor se acumula en los votantes de izquierdas: en el PSOE es el 62 % los que se suman al lawfare, y en Sumar, el 70 %.
Ambos estudios tratan de desacreditar las causas que golpean más de cerca la vida personal de Sánchez: los casos de su mujer y su hermano. En cuanto al procesamiento de Begoña Gómez, los datos publicados por El País afirman que el 36 % cree que se debe a «razones políticas y partidistas», recibiendo el juicio a David Sánchez un porcentaje similar (34 %). Por su parte, en La Vanguardia, un 43 % considera ninguna o poca imparcialidad de los jueces en el caso de Begoña y un 33 % en el del ‘hermanísimo’. En cuanto a la imputación de Zapatero, la consideración del estudio de El País cifra en el 26 % los que piensan que se trata de lawfare, mientras que en La Vanguardia, asciende al 36 & los que califican la imparcialidad de poca o nula.
Lo peor de todo esto no es que Moncloa se salga con la suya de desacreditar a los jueces para lo que no necesita de encuestas, el significado de estos datos no es otro que la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Las encuestas acreditan la desconfianza total en el sistema fomentado por el gobierno
Además, en esta última encuesta se menciona dos hechos clave: el primero, que son los casos del PSOE los más conocidos en comparación a los que involucran al PP y, el segundo, que una de cada tres personas cree que los jueces tienden a favorecer a la derecha.
